La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer en un extenso informe el “alarmante debilitamiento” de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, que se ha “intensificado” en los últimos dos años.

En este análisis, divulgado en Washington y centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que “las graves injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial en el poder Legislativo” son uno de los factores clave de la crisis venezolana.

Además, señala los “altos niveles de corrupción”, la “existencia de un patrón de represalias” a quienes se manifiestan contra el Gobierno, “severas restricciones a la libertad de expresión”, “el aumento de la violencia y la criminalidad” y el “desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos”.

“La Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017”, concluye el reporte.

El Gobierno chavista no permite a la Comisión entrar al país desde su visita de 2002, a partir de la cual el organismo hizo un informe crítico sobre derechos humanos y democracia publicado al año siguiente.

Por tanto, la CIDH ha tenido que elaborar este informe con la información que ha recibido en los últimos dos años y con la que solicitó expresamente a organizaciones de la sociedad civil y al Estado para este cometido.

Llamado a la OEA

La CIDH hace también un llamado al resto de Estados miembros de la OEA para que, “como garantes colectivos del respeto a los derechos humanos en la región”, cooperen en “persuadir al Estado venezolano de la importancia de dar su anuencia para que la CIDH pueda realizar una visita al país a la mayor brevedad”.

Aunque Venezuela se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013, la Comisión puede seguir atendiendo las violaciones de derechos humanos en el país (sin enviarlos a la CorteIDH) hasta que se haga efectiva su denuncia de la Carta de la OEA, es decir, su salida de la organización regional el 28 de abril de 2019.

Dato

La Comisión considera que su análisis puede servir de “contexto” para los casos individuales que la OEA estudia remitir a la Corte Penal Internacional.