No hay cosa que envicie más que las crocantes rosquitas o diabolines corozaleros hechos a base de almidón de yuca. En los aeropuertos de las ciudades capitales de la región Caribe, siempre están agotados. Si ProColombia, llega a promocionarlos en el mundo, se van a vender más que la Coca-Cola.
Este es apenas uno de los 127 subproductos que se extraen de la yuca. Así lo pude comprobar el pasado miércoles en la jornada de negocios organizada por el ministerio de Agricultura y la gobernación de Sucre, en Sincelejo, donde 76 organizaciones de productores del campo y varias industrias de alimentos cerraron negocios de compras por más de 842 millones de pesos. Este programa de alianza estratégica entre productores e industriales de materias primas y grandes superficies de alimentos, es el mejor vehículo para impulsar un nuevo modelo productivo rentable en las regiones del país.
Este esquema, creado en el año 2000, por el exministro de Agricultura, Carlos Murgas, fue el motor de la palma de aceite, el cultivo que más ha crecido en superficie sembrada en los últimos 20 años en Colombia, con un área que supera las 546.000 hectáreas. Desafortunadamente, el gobierno de Juan Manuel Santos y los negociadores del proceso de paz con las Farc en la Habana, truncaron la meta del gremio de llegar al millón de hectáreas, porque la palma estaba sustituyendo mucho cultivo de coca en los corredores geográficos del Catatumbo, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Urabá Antioqueño y Tumaco (Nariño).
El esquema es muy sencillo. Primero se crean unos instrumentos de incentivos y apoyos por parte del gobierno y luego se organizan las entidades que deben implementar el modelo. En aquella ocasión creamos el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para sistemas de riego, infraestructura de almacenamiento, maquinaria y equipos de transformación; el subsidio de tasa de interés; el respaldo del 80% de los créditos asociativos a través del Fondo Agropecuario de Garantías; una subvención al costo de la prima del seguro agrario y un subsidio a la cobertura de precios a través de la Bolsa Agropecuaria.
Estructurado lo anterior, se les asignaba unas tareas y metas a las entidades ejecutoras. Es decir, Finagro y Banco Agrario, debía financiar los núcleos agroindustriales con créditos ágiles y oportunos; el ICA, Sena y Corpoica (hoy Agrosavia), transferían los paquetes tecnológicos, asistencia técnica y control fitosanitario; El DRI, el INAT e Incoder (hoy Agencia de Desarrollo Rural), proporcionaban tierras, sistemas de riego, infraestructura de almacenamiento y de transformación de materias primas, y la Bolsa Mercantil de Colombia, ayudaba con la comercialización de las cosechas. Los programas de vivienda rural y vías terciarias, se lideraban desde la cartera agropecuaria. Hoy, hay que pedirle permiso a unos muchachitos tecnócratas de otros ministerios y a algunos burócratas capitalinos gremiales.
Si las industrias de alimentos balanceados, chocolate, arrocera, láctea, cannabis, y aguacate has, aplican este exitoso modelo de núcleos agroindustriales -con contrato en mano-, les aseguro que en los próximos cuatro años habremos sustituidos una área importante de las 245.000 hectáreas de cultivos de coca sembradas en el país y las 8 millones de toneladas de maíz, soya, arroz y leche, que estamos importando.
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