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Desde mi mirada, los 163 artículos de la reforma contemplaban puntos necesarios como: facultades extraordinarias para que el Presidente pudiera reducir el Estado; ampliación de la base de contribuyentes; eliminación de más de 30 beneficios tributarios; permanencia de programas sociales para más de 3 millones de hogares; extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF- que ha protegido alrededor de 4 millones de empleos. Por ultimo, la promoción del acceso a la educación superior con una destinación adicional de recursos para financiar total o parcialmente matrícula a estudiantes en condición de vulnerabilidad y volviendo política de Estado el programa de “Generación E” que en este gobierno ha beneficiado a 240.000 jóvenes. Por otro lado, estaban los puntos inaceptables: el IVA para los servicios públicos e impuestos a pensiones; sobretasa a la gasolina y el ACPM; impuesto a los dividendos, incremento de costos en los celulares, computadores y servicios de internet que han sido elementos críticos para asegurar la educación en casa y han acentuado la brecha en conectividad y acceso a educación según nivel de ingreso, entre muchos otros.
Como somos una democracia representativa estos puntos se someterían a debate en el Congreso donde - se supone- estamos representados por todos los sectores y el objetivo era crear consensos. Falso y equivocado decir que se estaba imponiendo una reforma, no somos una tiranía. Pero anterior a ese debate, la ciudadanía ejerciendo su derecho a expresarse y manifestarse, salió a mostrar su inconformidad con el Proyecto. Esto resultaba totalmente legítimo hasta que se hizo público el balance devastador de las marchas en las que se afectó la vida y la integridad de ciudadanos, se usaron artefactos explosivos hacia la fuerza pública, se destruyeron y saquearon establecimientos públicos y privados, y se promovieron mensajes de odio con desinformación de la reforma a la cual se estaban oponiendo. Esto, sin profundizar en la inconveniencia de hacerlo en un pico álgido de la pandemia.
Quedó en evidencia que necesitamos más y mejor educación para entender el fondo de la reforma y expresar mejor el rechazo con los puntos en desacuerdo. Una buena comprensión del texto permitiría entender que la reforma garantizaba beneficios sociales como los que mencioné de transferencias monetarias y mayor acceso a la educación superior. Una mejor educación nos permitiría aprender a reclamar en derecho, debatir a fondo, ser más sensatos y apelar a la coherencia para presionar un replanteamiento de los puntos que generaban tanto inconformismo.
Recordemos como lo dijo Margaret Thatcher hasta el cansancio “El dinero público no existe, existe el dinero de los contribuyentes”. Esos contribuyentes somos nosotros las personas naturales y las empresas, que al fin y al cabo son los mayores aportantes con casi el 80%. De ahí se desprende la paradoja e incoherencia con la que, a través de la violencia, los daños y dejando plasmado odio y resentimiento, lograron frenar la operación de quienes son realmente los generadores de empleo y riqueza, para nuevamente ponerse en el punto de exigencia de mayor política social. Una nueva reforma es inminente porque con el recaudo como está, no nos alcanza. El Ministerio de Hacienda ha explicado varios puntos de esta afirmación y uno de ellos es que tenemos una deuda del 65% del PIB, para atender la pandemia necesitamos 24% del mismo y los ingresos fiscales serán sólo del 15%. Esperemos que la nueva reforma la leamos mejor, la comuniquen mejor y como ciudadanos seamos conscientes de que para financiar política social necesitamos mayor recaudo y seguir siendo atractivos para la inversión privada porque ésta es nuestra principal fuente de ingreso.
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