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Todo comenzó en la primera votación, donde el Senado registró un inédito empate entre los candidatos Claudia Dangond y Miguel Polo Rosero: 50 votos cada uno. Sin embargo, el problema no fue solo el empate. Un voto de más apareció en las urnas, a pesar de que solo había 102 senadores presentes. Este episodio puso en evidencia fallos en el control del proceso y generó desconfianza sobre lo que debería ser una decisión impecable. Tras suspenderse la sesión para investigar el origen del voto adicional, se llevó a cabo una segunda votación, en la que Polo Rosero ganó con 57 votos frente a 47 de Dangond.
La celebración inmediata del presidente Gustavo Petro, calificando la elección como un “gran triunfo”, generó preocupación. No por la victoria de un candidato en particular, sino porque una declaración así puede interpretarse como un intento de politizar un proceso que debería ser completamente independiente. La Corte Constitucional no puede ser vista como una extensión de los intereses del Ejecutivo; su papel es proteger la Constitución y garantizar el equilibrio de poderes.
Miguel Polo Rosero, reconocido por su experiencia en derecho constitucional y su trayectoria como asesor en diferentes espacios, recibió el respaldo del gobierno pese a su perfil conservador. Esto no debería ser un problema, en principio, pero sí deja abierta la duda de si su cercanía al Ejecutivo podría influir en sus decisiones futuras. Para un país que enfrenta grandes retos en la justicia y la protección de derechos, cualquier percepción de subordinación entre los poderes mina la confianza en las instituciones.
Más allá de las disputas políticas, lo que realmente preocupa es cómo este proceso afecta la institucionalidad. Cuando las reglas no se respetan y los procedimientos se ven contaminados por irregularidades, el mensaje que se envía a los ciudadanos es alarmante: las instituciones que deberían ser el pilar de nuestra democracia parecen vulnerables a intereses externos. Esto no solo debilita la credibilidad del sistema judicial, sino que también fomenta un ambiente de incertidumbre que no favorece a nadie.
La elección de un magistrado no debería ser motivo de división, sino de fortalecimiento institucional. Pero este proceso deja claro que el país aún tiene camino por recorrer para garantizar la independencia y el respeto por las reglas en los momentos más importantes. Es hora de que los líderes dejen de lado los intereses de partido y trabajen por una institucionalidad sólida que proteja a todos los colombianos.
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