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Los ciudadanos sintieron más de cerca la Constitución, sobre todo con la tutela, que en general ha servido para la defensa de los derechos no obstante que, como lo ha dicho el Presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo, las sentencias de tutela se incumplen en más de un sesenta por ciento.
Aun cuando con razón se ha criticado la cantidad de organismos que creó -con su consiguiente costo fiscal- se avanzó con la creación de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la Fiscalía General
Veamos solo algunos de los mitos alrededor de este proceso: No es verdad que se hubiera convocado para conseguir la Paz con la guerrilla. De hecho, con los instrumentos de la Constitución de 1886, muchos gobiernos adelantaron procesos de paz más o menos exitosos. En ese tormentoso final de la década del ochenta, si bien existía la violencia guerrillera, la que más afectaba el orden público era la de los narcos. El M-19 se desmovilizó durante el gobierno Barco, en marzo de 1990, con una Ley de Amnistía. Se reinsertaron grupos menores como el EPL, el Quintín Lame y el PRT, pero el grueso de la subversión, representado por las Farc y el ELN, no lo hizo a pesar de que se les ofrecieron curules.
Tal vez las Farc no entraron porque el gobierno de Gaviria bombardeó Casa Verde el mismo día que se elegía a los miembros de la Constituyente. La paz la seguimos esperando, a pesar de que la nueva carta dice que es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Para iniciar el proceso Constituyente se utilizó el mecanismo del Estado de Sitio, el más odiado de la Constitución anterior. En el fondo subyacía el argumento de que la causa de la perturbación era la propia Constitución. Lo curioso es que, para bien, la nueva Constitución acabó con el mecanismo que había servido de partera. La Corte autorizó semejante violación del artículo 218 -que venía del plebiscito de 1957 votado por más del setenta por ciento del censo electoral- por estrecho margen de votación. El registrador de la época certificó que la séptima papeleta no se había escrutado. Se habló mucho de que había sido una Constitución de “consenso” de todas las fuerzas políticas, pero en verdad dos de ellas -el M-19 y Salvación Nacional- dos años después ya no existían. Se repitió el argumento de que era necesario acabar con la Constitución retardataría clerical y centralista de Núñez y Caro.
La verdad es que en el año 90 poco quedaba del texto original de 1886, que había sido reformado en casi ochenta ocasiones. Se había vuelto “nacional” no solo por la reforma liberal de 1936 -que por cierto consagró el Estado Social de Derecho- sino la del plebiscito de 1957 con cuatro millones de votantes. También se decía que la Carta del 91 fue la máxima expresión del pueblo. Pero en la elección de los constituyentes intervinieron apenas tres millones de colombianos, el treinta por ciento del censo electoral. Eso sí, esos constituyentes con esa votación precaria revocaron un Congreso que había sido elegido por ocho millones. Eran ellos tan “nuevos” que más del cincuenta por ciento de los constituyentes eran políticos curtidos como ex presidentes, ex ministros, ex candidatos presidenciales, ex gobernadores y ex congresistas. La Constitución está ahí. No es la causa de los problemas como no lo era la del 86. La Carta de derechos es impecable. Valdría la pena confrontarla con los informes del Dane sobre pobreza y desigualdad, expuestos al periodista, Guillermo Pérez, en el periódico El Nuevo Día.
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