Presidencialismo y Comisión Asesora

Carlos Restrepo Piedrahita, nuestro profesor de Derecho Constitucional en el Externado, quien al decir de López Michelsen, que era el mejor constitucionalista de la América Latina, nos contaba una anécdota de Núñez y Caro cuando cumplieron con la tarea de sustituir la Constitución libertaria radical de 1863: una vez terminado el texto de la de 1886, alguien le dijo a Miguel Antonio Caro, que habían establecido una monarquía, y el filólogo contestó de manera cínica, “sí, pero lamentablemente electiva”.  Se referían al inmenso poder que se concentraba en el Presidente, pues no solamente era elegido para un periodo de seis años sino que podía reelegirse -como lo hicieron Núñez y Caro- con la farsa de retirarse y dejar a un “encargado” de la silla; era además, Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y suprema  autoridad  administrativa, nombraba sin restricción ministros, gobernadores, alcaldes y hasta corregidores y prácticamente a todos los empleados de la administración, podía “legislar” por vía de las facultades extraordinarias y del Estado de Sitio, retener sin límites a personas a quienes consideraba podían atentar contra el orden público, dirigir la guerra, hacer la paz, manejar la Fuerza Pública y nombrar magistrados, entre muchas otras facultades.
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En el curso de siglo XX se fue atenuando ese poder exorbitante. En 1910, se redujo el periodo a cuatro años, se prohibió la reelección inmediata y se estableció el control constitucional de las leyes y actos del gobierno. En 1960 y 1968, y con la jurisprudencia de la Corte hasta finales de la década del ochenta, se fueron reduciendo las facultades en el Estado de Sitio. En 1985, durante el gobierno de Betancourt y con la decisiva participación del liberal Jaime Castro como ministro de Gobierno, se estableció la elección popular de alcaldes. En el 91 con la elección de gobernadores se acabó el centralismo político.

Sin embargo, aun hoy tiene cierta vigencia la frase de Miguel Antonio Caro. Casi toda la vida política gira alrededor del Presidente. Conserva muchas de las facultades de la Constitución del 86. Nombra y remueve -sin intervención del Congreso como lo establecía la Constitución del 63 -los ministros y las cabezas de la administración pública-.

La moción de censura no ha funcionado por cuanto es propia de un régimen parlamentario. Los presidentes, siempre tienen cómo hacer valer las mayorías. Es colegislador y puede objetar las leyes. Llegó a hacerlo hasta de una Reforma Constitucional en el 2012. Con pocos episodios de independencia, los Congresos se han convertido en apéndices del ejecutivo. Interviene directa o indirectamente en la elección de Fiscal, Procurador y magistrados de algunas de las “Altas Cortes”. Así no los nombre, todos los magistrados y altos funcionarios se posesionan ante el Jefe del Estado.

El antejuicio político en el Congreso ha hecho que en la práctica casi ningún presidente en Colombia haya respondido ni política ni judicialmente por sus actos. Hubo uno que en 1949, por decreto de Estado de Sitio, cerró el Congreso y cuando murió en 1976, fue despedido, “en olor de santidad democrática”.

Con la reelección inmediata se afectó la autonomía del Banco de la República, una de las conquistas de la Constitución del 91. Es tal el poder que se extiende hasta después de que dejan la presidencia. Ningún otro país en América Latina tiene ese poderoso “club de los expresidentes”. Es más, aquí hasta les siguen llamando “presidentes”. En los Estados Unidos lo hacen pero cuando desaparecen de este mundo y entran a la historia.

Lo que ha pasado con su no asistencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que la han convertido en cuadrilátero para ventilar sus diferencias políticas, debería hacer pensar en cambiar la ley y no “someterlos” a verse con el presidente de turno cuando son convocados. Allí tienen asiento representantes del Congreso. Podrían remplazarlos por algunos decanos expertos en política internacional. Se puede aprovechar el actual debate electoral para que los candidatos se pronuncien sobre si vale la pena mantener este presidencialismo asfixiante, o si es la hora de aproximarse a un sistema político diferente.

ALFONSO GOMÉZ MÉNDEZ

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