Paz, justicia y orden público

La Paz, la seguridad, la justicia y el orden público deberían ser temas prioritarios de esta atípica campaña presidencial caracterizada por la proliferación de candidatos -la mayoría auto candidatos- y las supuestas coaliciones con nombres que desaparecen con la misma facilidad con la que se crean.  

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Podría hacerse una columna con solo citar los más de cuarenta “eslogans” convertidos en lemas de campaña en los últimos treinta años, casi todos usando el nombre de Colombia. Ya nadie los recuerda por su fugaz aparición y desaparición cada cuatro años. 

En la medida en que el país casi siempre ha vivido en medio de conflictos armados, crear las condiciones para resolverlos, y sobre todo para evitarlos, debería ser preocupación principal de los partidos políticos.  

Todo el siglo XIX nos lo gastamos en guerras civiles que se resolvían, después de muchos muertos, con amnistías e indultos. Durante la segunda mitad del siglo XX, arrastramos con la violencia liberal conservadora que produjo más de trescientos mil muertos y millones de desplazados. También la resolvimos con amnistías e indultos y con esa especie de pacto de impunidad política que fue el Frente Nacional.  

Las Farc surgieron en 1964, durante el gobierno de Valencia. Esa organización guerrillera no solo produjo muerte y desolación sino que impidió el surgimiento de una izquierda democrática con opción real de poder. 

Las discutidas elecciones del 19 de abril de 1970, dieron lugar al surgimiento de otro grupo armado, el M-19. Éste también  cometió crímenes atroces, pero en el gobierno de Barco se desmovilizó, para luego convertirse inicialmente en un exitoso partido político.   

Belisario Betancur abrió el camino en 1982, con una ley de amnistía, y dos años después logró un acuerdo con la entonces Coordinadora Nacional Guerrillera, del cual se derivó un año de tregua y el surgimiento del movimiento político Unión Patriótica, borrado por torpeza criminal de sectores del “establecimiento”. 

Hace 5 años, que hoy se conmemoran, Santos logró una paz cuyos alcances -en medio de dificultades y errores como el plebiscito- no han sido suficientemente estudiados. 

Los acuerdos de La Habana -que muchos no han leído-, más allá del tema de la desmovilización, comprenden un verdadero programa de gobierno social - demócrata para resolver a veinte años problemas estructurales de la Nación.   

Y ahí seguimos con el ELN, que no ha dejado de disparar.  

En medio de la guerrilla el accionar paramilitar. Ojalá se escuche a los hermanos Rodríguez Orejuela, que ahora le ofrecen a la Comisión de la Verdad contar todo lo que saben sobre el conflicto armado, pero también sobre expresidentes, exministros, políticos en general y militares que según ellos mismos han pasado de "agache". 

Esas y otras verdades como las que anuncian Mancuso y Jorge 40 contribuirían mucho a la consolidación de la Paz. 

Y si sumamos a esto la delincuencia organizada y la criminalidad común, difícilmente podría sostenerse que hoy tenemos un país en paz. Conseguirlo con imaginativas propuestas -y no lugares comunes- debería  ser prioridad en la campaña presidencial.  

Difícilmente puede hablarse de Estado democrático si no tenemos el control del territorio. Para someter la delincuencia no basta con recurrir al expediente frecuente de utilizar el Código Penal. Controlar el orden público, supone presencia total del Estado -y no solo militarmente-, funcionamiento pleno de la institucionalidad, empezando por el aparato judicial, hoy desbordado por múltiples razones. 

Hay que hacerle caso a los criminólogos que se ocupan de las causas socioeconómicas de la delincuencia. Ese fenómeno se combate con penas, pero también con medidas sociales. Frente a los grupos armados que aún persisten en su accionar criminal, sigue vigente la fórmula del Presidente Barco: mano tendida y pulso firme. 

Solo con control del territorio, sometimiento de los grupos armados, funcionamiento pleno de la justicia y manejo imaginativo para lograr la seguridad ciudadana, podemos hacer efectivo el Estado de Derecho. Mientras tanto, tendremos una Constitución que rige pero no se aplica.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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