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En un país en donde casi todo llega por vía de la herencia –tierras, títulos mineros, curules en el Congreso, jefaturas de partidos y hasta candidaturas presidenciales– solo una educación preferentemente gratuita y de calidad, puede ser el canal de ascenso social y económico para los millones de colombianos y colombianas ajenos al estrecho grupo de privilegiados.
Sin embargo, es preciso reconocer que en los últimos años el país ha tenido avances significativos sobre todo en materia de gratuidad en la educación primaria, secundaria, superior y técnica en las entidades oficiales. Las posibilidades para estudiar son infinitamente mayores hoy que hace cincuenta o sesenta años. Hay que pensar en que los profesores de preescolar, primaria y bachillerato deben ser los mejores y que, por ejemplo, para la carrera docente debieran exigirse los puntajes más altos. Y no permitir que la pedagogía sea un sustituto de carreras que se creen más importantes.
La “revolución educativa” debe pasar por el bilingüismo generalizado y el manejo de la tecnología. Y la formación superior y técnica estar unida al aparato productivo del país para impedir el desempleo profesional juvenil, fuente de infinitas frustraciones. En este campo debe haber una integración entre los sectores público y privado y la academia.
Ejemplo de lo que debe hacerse es la Universidad de Ibagué, regida por un verdadero apóstol de la educación, Alfonso Reyes Alvarado, vinculado por afecto a la tierra de su padre, el sacrificado magistrado Alfonso Reyes Echandía. Es una institución privada, fundada por un grupo de empresarios tolimenses, acreditada y con el 87 % de sus estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Aparte de las humanidades, tiene programas novedosos como biología ambiental, ingeniería de software centrada en desarrollar el “pensamiento de diseño” que permite crear desde un objeto y una página de internet hasta un procedimiento judicial.
Los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, pueden hacer los cuatro semestres básicos en sus lugares de origen (pueblos de menos de setenta mil habitantes) a donde se trasladan los profesores y solo a partir del quinto semestre deben asistir a la sede de Ibagué. Un convenio de la U con las alcaldías de esos pueblos, organiza becas. Además, en este programa titulado Paz y Región los alumnos de los últimos años deben ir a prestar sus servicios especializados en las distintas áreas, en esas administraciones municipales.
La Rectoría organiza eventos con empresarios para sostener la “Unidad de filantropía” que arbitra recursos para estudiantes que no pueden pagar su matrícula y sostenimiento. Se complementa con el de “Residencias familiares” en virtud del cual se les ayuda a familias del sector a que adecúen sus viviendas para residencias universitarias. Ahora que el Gobierno quiere llevar la universidad a las regiones, este es un modelo a seguir.
En medio de la baraja de reformas, no aparece la de la educación, tan necesaria. Son muchos los cambios que se están dando en el mundo: la globalización, nuevas formas de producción del conocimiento, desaparición de decenas de trabajos en las empresas debido a la automatización basada en algoritmos de inteligencia artificial, el cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje derivados de la neurociencia, el auge de la virtualidad después de la pandemia y las nuevas expectativas de los jóvenes que prefieren otras formas de entrenamiento más rápidas y menos costosas. ¡Y nosotros seguimos con una ley de educación expedida hace treinta años!
Hay que pensar más en la educación y menos en las elecciones.
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