El expediente Bulla

El reciente informe de la revisoría fiscal practicada al interior de la Cámara de Comercio de Ibagué, deja contra las cuerdas a los integrantes de la junta directiva que en diciembre pasado autorizaron el pago de una jugosa bonificación al presidente ejecutivo de esa entidad, Brian Bazin Bulla, y desestima de tajo los argumentos, según los cuales, tan generosa compensación tenía asidero en una gestión brillante y el alcance holgado de las metas propuestas.
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En contravía del subjetivo sentir de esas mayorías vetustas, ahora erosionadas, que parecieran representarse a sí mismas y no a los intereses del empresariado, (Silvio Acosta, César Chávez, Sofía Pardo, Jairo Arias, Alirio Rivera), la auditoría reveló entre muchas incongruencias que para el año 2020, ni siquiera existió un plan de inversiones, de ahí que medir el cumplimiento organizado de la ejecución del presupuesto tal y como debería ser, en apego a la norma, resulta imposible.

Aún sin un derrotero claro, en el primer año de la pandemia, se adquirieron propiedades, plantas y equipos por 114 millones de pesos, en su mayoría muebles y enseres para la sede del centro comercial Acqua, lo que, si bien, como refiere el informe encaja dentro de los gastos establecidos para el cumplimiento de funciones misionales, no constituía una urgencia y podía haberse considerado, siguiendo principios de austeridad acordes con la realidad y necesidades de los agremiados en medio de tan particular momento de crisis

Pero estos hallazgos resultan insignificantes frente al comportamiento de la contratación en la entidad. En 2020 el 72% de los contratos se suscribieron vía convocatoria y el 28% a través de mecanismo de excepción. Para el 2021 de 12 contratos realizados, el 88% se suscribió de manera directa y solo el 12% mediante invitación pública, lo que al sentir de la firma responsable de la auditoría no tiene sustentación concreta.

Particular suspicacia genera el caso de los últimos tres asesores jurídicos vinculados, según se lee, sobre la base de una sólida formación y aventajada trayectoria,(aunque recomendados) profesionales que parecieran haberse hecho especialistas en conciliaciones y cuyas omisiones en los procedimientos le han representado fugas de recursos al organismo cameral, tanto así que como sugiere la auditoría resultaría un mejor negocio acudir a conciliar ante el Ministerio del Trabajo cada vez que se liquida un contrato y ahorrarse honorarios por más de 50 millones de pesos, en especial cuando la  estrategia de la representación legal se limita a conciliar todas las demandas por porcentajes del 50% o más de las pretensiones de los accionantes.

Frente a la ejecución de convenios que el año anterior significaron en cifras redondas 1.900 millones de pesos. La revisoría fiscal también advierte un inadecuado manejo administrativo, no entendiéndose cómo para el cierre de la vigencia, la cuenta de anticipos registraba saldos pendientes por 608 millones de pesos representados en 16 convenios con solo 6 de ellos en ejecución y 10 pendientes por liquidar, lo que podría ocasionar mayores costos a la CCI y demoras en la recuperación de dineros prestados.

Eso para no hablar del llamado de atención respecto de los contratos para la ejecución de convenios que se realizan de manera directa, sin convocatorias abiertas y en algunos casos a dedo por recomendación de otros actores del convenio.

Tan inexplicable como esto termina siendo que en la relación de cuentas por pagar para diciembre de 2020 se reportaran 158 millones de pesos que debían haberse retornado con diligencia a los empresarios por devoluciones de trámites, principalmente.

Son muchas las explicaciones que le debe Brian Bulla y su corte de mosqueteros patrocinadores en la junta directiva a los empresarios

Un espacio gremial que se queda sin norte, sin credibilidad frente a las evidencias, mientras se privilegian las maromas internas, camorras ambiciosas de poder en flagrantes conciertos, si bien no para delinquir, sí para repartir, donde aplicando sus habilidades de negociantes se saldan votos por cargos en presidencias de juntas directivas, apoyos económicos a ferias o como ahora se pretende favorecer con beneficios tributarios las apuestas particulares de quienes están detrás de algunas de estas marionetas.

A un paciente como la CCI, para ponerlo en términos médicos muy de moda, le urge obtener un poco más de oxígeno, que le ayude a saturar mejor el que vendría siendo el equivalente a su cerebro: la junta directiva, y desequilibrar así las cargas virales de ese 5 a 4 perverso que a fuerza de prácticas no muy éticas, ni transparentes le sigue robando el aliento, arrastrándola al abismo.

ANDRÉS FORERO

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