Otra reforma que ahonda la inequidad

Camilo Ernesto Ossa Bocanegra

La Nación pierde al año, por actos de corrupción, ¡50 billones de pesos! Así lo dijo el Contralor General de la República en el XV encuentro de la Jurisdicción Constitucional.
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Es el 17% del Presupuesto General de la Nación y, según el mismo Contralor, solo en regalías se perdieron en el 2020, 1,3 billones de pesos, ahí están los dineros que necesita el país para tapar el hueco fiscal, que, según el Ministro de Hacienda, ha dejado la pandemia y ascienden al 8,6% del PIB en el 2021 y para lo cual, con la funesta reforma tributaria que presentaron al Congreso, esperan recaudar alrededor de 25 billones de pesos. Pero, ni un esfuerzo por hacer la reforma a la justicia que requiere con urgencia el país y que nos ayude a combatir la corrupción.

El verdadero problema nos lo ocultan a los colombianos, pues tenemos unos altos niveles de pobreza, según el DANE, en el 2019 la pobreza monetaria fue del 35,7% y la pobreza monetaria extrema del 9,6%. Un hogar, conformado por 4 personas, según el DANE, será pobre si tiene un ingreso inferior a $1.310.696, por otro lado, si ese mismo hogar –de 4 personas-, tiene un ingreso inferior a $549.400 será pobre extremo, estamos hablando del 45,3% de la población colombiana, ¡casi la mitad del país!.

Sin crecimiento económico y proyectos de infraestructura acordes a las necesidades de la población, la reforma tributaria propone darle, a los hogares en pobreza (el 35,7%), un subsidio entre $80.000 y $252.142 y, para los hogares en pobreza extrema (el 9,6%), un subsidio entre $80.000 y $366.101, toda una miserableza con la cual no vamos a sacar a estos hogares de su condición, por el contrario, los perpetuamos y los condenamos, por cuanto no tienen las herramientas necesarias para salir del círculo vicioso en el que se encuentran. El ensanchamiento de la brecha social es cada vez mayor. 

Hace pocas semanas advertí y lo he venido reiterando constantemente por ser un asunto de mucha gravedad para el futuro del país, que, según un estudio de la Universidad Javeriana, en Colombia había aumentado la brecha educativa, por cuenta de la falta de acceso a internet y un computador por parte de algunos estudiantes del país –con seguridad los que pertenecen a ese 45,3% de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema-, ante esto, la respuesta del Gobierno es gravar con IVA del 19% los computadores y tablets, entre otros. Hablemos de inequidad, por cuanto, a mediano plazo, esta situación comenzará a pasar factura en Colombia y, según lo reporta este diario, también respecto de la baja calidad de la educación en el Tolima.

Poner a declarar mayormente la renta al trabajo; a quienes devenguen más de 4 millones mensuales e incluir a corto plazo a quienes ganen más de 2 millones y medio al mes, gravar con IVA los servicios públicos para la clase media, así como la gasolina, pero al mismo tiempo excluir del impuesto las bebidas azucaradas, a los grandes conglomerados económicos y al sector financiero, es decir, las rentas de capital –estos últimos, quienes en medio de la pandemia obtuvieron utilidades por 5,8 billones de pesos-, es cuando menos inmoral y esconde el verdadero problema que azota al país: una profunda inequidad, que ahonda la reforma tributaria. 

Me gustaría que el ingreso solidario tenga un carácter permanente, pero que incluya oportunidades de crecimiento y movilidad social para los vulnerables, que la gratuidad en la educación para los estratos 1, 2 y 3 sea una realidad material pero que incluya la generación de fuentes de empleo y no sigan siendo los jóvenes, uno de los grupos poblacionales más golpeado con el desempleo.

CAMILO ERNESTO OSSA B.

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