Alí Babá

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MinTic- celebró un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para conectar a más de 7 mil colegios en zonas apartadas del país, esto por un valor de ¡1,07 billones de pesos!, sin embargo, debido al evidente incumplimiento y teniendo en cuenta las advertencias hechas a la Ministra antes de la adjudicación del contrato por parte de algunos medios de comunicación, frente a los antecedentes de quienes integraban la Unión Temporal, al momento de iniciar el proceso de caducidad del contrato, se pone al descubierto que las garantías otorgadas por el contratista, al parecer, ¡son falsas! Si bien el pasado viernes se declaró la caducidad del contrato por parte del Ministerio, los problemas siguen siendo los recursos entregados al contratista y la conectividad en las zonas más apartadas del país para reducir la brecha educativa. 

Se desembolsaron, con una ligereza “sospechosa”, aprobado además por el interventor del contrato, la suma de 70 mil millones de pesos, así como lo leen, los cuales fueron a parar a las cuentas de unas personas inescrupulosas que se enriquecen a costa de la vulnerabilidad de cientos de miles de colombianos, niños, niñas y adolescentes, que reclaman equidad. Según la W radio, “de los 70 mil millones del anticipo, 58 mil millones están en Estados Unidos y 12 mil millones fueron girados a una empresa en Barranquilla”. Pero hay otra perla, pues el pasado miércoles, el abogado de la Unión Temporal dijo, a otro medio de comunicación, que si declaraban la caducidad del contrato, lo que en efecto ocurrió, podrían demandar a la Nación, hágame el favor, si es que realmente hay mucho sinvergüenza suelto por ahí. ¿Y los órganos de control? Con una pasividad y una apatía extrema.   

Esto es de una trascendencia colosal, por un lado, los $70 mil millones que están embolatados, lo que es gravísimo, máxime cuando venimos de un Paro Nacional estallado por una reforma tributaria que buscaba incorporar unos recursos al presupuesto nacional, gravando, en mayor medida, a la clase trabajadora del país, mientras los corruptos desangran el erario en perjuicio de todo un país que sufre los embates de la crisis económica. Nuevamente se juega con los pocos dineros destinados para la población joven del país, poniendo en riesgo la educación y la posibilidad de una movilidad social. ¿Más inequidad por delante?   

Por otro lado, como lo mencionamos en este mismo espacio, el 22 de marzo, en una columna titulada “Aumentó la brecha educativa en el país”, según un informe realizado por la Universidad Javeriana y publicado por el diario El Tiempo el día 19 de marzo del presente año, en Colombia aumentó la brecha educativa y, esto, “podría explicarse por un factor determinante: quién contaba o no con los equipos y acceso a internet suficiente para seguir con sus estudios desde casa”. No ha sido suficiente lo que han hecho con el PAE, ahora pretenden “quitarle” el acceso a internet a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del país, vuelvo y repito, para seguir ahondando la inequidad. 

Preocupan los recursos y preocupan los estudiantes de los colegios oficiales, sobre todo en las zonas rurales del país, a donde iba dirigido el proyecto de conectividad del ministerio, porque hoy, en pleno siglo XXI y en presencia de la cuarta revolución industrial, bajo un componente de utilización de tecnologías, intercambio de datos y enseñanza, los niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a internet, esta vez, parece ser, por cuenta de unas mulas cargadas con 40 tinajas.