Que inicie el tiempo de las regiones

Camilo Ernesto Ossa Bocanegra

Es hora que inicie el tiempo de las regiones y lograr “bajarle” a ese exagerado centralismo que nos gobierna; somos un “Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales”, eso dice la Constitución, pero, la pregunta es ¿en qué consiste dicha autonomía? La Corte Constitucional, –Sentencia C-1051 de 2001-, señaló que, de acuerdo a lo contenido en el artículo 287 de la Constitución Política, podemos hablar de autonomía política, administrativa y fiscal. Nos referiremos a las dos primeras.
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En cuanto a la política, como síntoma primigenio de autonomía está enmarcada la capacidad de elegir a sus propios gobernantes; por el lado de la autonomía administrativa, como la “capacidad” de resolver y manejar sus propios asuntos de acuerdo a sus intereses y, aquí, si comenzamos a tener problemas, no porque no lo podamos lograr, ni más faltaba –claro, el primer paso es saber usar la autonomía política y elegir bien-, sino porque tal vez los propios asuntos de los entes territoriales están en línea de dependencia con las disposiciones del gobierno nacional, léase las rentas de la Nación y, claramente, el presupuesto General de la Nación y sus respectivas priorizaciones.

Basta con revisar los proyectos de infraestructura en regiones apartadas de Bogotá, la pertinencia e importancia en el debate público y político de los proyectos productivos que terminan soportando las pequeñas economías locales o, para el caso del departamento del Tolima, la (in)transcendencia en el debate político, las condiciones del sector agrícola en cuanto a la competencia como producto de los diferentes Tratados de Libre Comercio, pero que llama la atención, día a día, por el estado en el que terminan quedando quienes viven del agro –y no me refiero al consumo, sino a los productores, a los trabajadores y a los proveedores-.  

Verbigracia, el anunciado “control de precios a los insumos agrícolas”, algo que habrá que evaluar posteriormente para saber qué tan buena o mala idea es y si ataca la raíz del problema, por un lado, la fijación de precios siempre debe ser la última herramienta a utilizar en cuanto a regulación sectorial se refiere, pues una indebida regulación puede acarrear una salida abrupta del mercado de vendedores, por aquello de dejar de ser atractiva la permanencia en ese mercado, o también un una (ir)realidad estática que impide, en el mediano y largo plazo, la reducción de precios que sí ocasionaría la dinámica de una eficiencia. Y, por el otro, pregunto ¿Qué pasa con la producción y venta de productos agrícolas? ¿Acaso no es esto último la esencia del problema –que hay que resolver-, producto de una incorrecta competencia originada por el TLC con Estados Unidos? Pero ese no es el punto en el que me quiero detener, era solo un ejemplo para ilustrar la profunda desconexión que, a veces, existe entre los planteamientos centrales y la realidad en las regiones –puede ser por desconocimiento o por intereses-, pero lo cierto es la fractura que desencadena una marcada inequidad y esto hay que atacarlo con urgencia. Debemos propiciar el tiempo de las regiones y esto requiere un rediseño a la forma como hemos desarrollado ese artículo 287 de la Constitución y la definición de “autonomía”.

CAMILO ERNESTO OSSA B.

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