Inmóvil

¡Que ineficiencia! Y así, esperamos los ibaguereños, acciones concretas frente a la movilidad, la gestión del tránsito, la semaforización, la seguridad vial, la operatividad en el transporte público y un sinnúmero de etcéteras, que suponen deben ser parte del desarrollo económico local; muy difícil esta situación y debería, si es que aún no lo ha hecho, despertar la preocupación de la Administración Municipal, porque los ciudadanos ya lo estamos y se necesitan acciones concretas para superar esta “crisis”.

En Ibagué (y por supuesto, en muchas ciudades de Colombia), el Secretario de Movilidad termina siendo un tramitador, muy lejos de su función, que debería ser la principal, de diseñar y articular las políticas públicas necesarias para gestionar la movilidad, el tránsito y el transporte, diseñar estrategias para reducir la accidentalidad vial, garantizar la seguridad vial, para peatones y conductores, establecer políticas de promoción en el uso de medios de transporte alternativos, participar, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, en la revisión de las obras que se adelantan y que implican intervención a la infraestructura vial, para garantizar la amabilidad del recorrido de las personas (sea cual este sea en la ciudad) y muchas cosas más, pero no, hay una subsunción de sus funciones en la realización de trámites. Claro, no es un problema solo de esta administración, viene de mucho tiempo atrás.

Sin lugar a dudas, hay que escindir esas funciones de la Secretaría de Movilidad y devolver, a esa cartera, su espíritu; la expedición de licencias de tránsito, de conducción, expedición de matrículas, comparendos, inmovilizaciones y demás gestiones que a diario deben hacer los ciudadanos, debe hacerlo otra ‘persona’, un tercero, que modernice y amplíe la cobertura de servicios a lo largo y ancho de la ciudad y devuelva eficiencia, no solo al papeleo relacionado con el tránsito local, sino, de paso, a la Secretaría de Movilidad, de lo contrario, el destino seguirá siendo el mismo con el paso de los días y, en el mejor de los escenarios (que hoy no ocurre), habrá una relación inversamente proporcional entre la “eficiencia” de los trámites y la “ineficiencia” en materia de movilidad, semaforización, seguridad vial, etc.

El costo que paga la ciudad es alto, pues si bien el impuesto de rodamiento es de carácter departamental, hay municipios cercanos a Ibagué que pertenecen a otro departamento y, cuando se decide matricular allí, se pierde la posibilidad de obtener este ingreso, pero si nos quedamos con la externalidad negativa y, esto sin contar los pagos por los diferentes procesos ante la autoridad de tránsito que se pueden estar perdiendo, así como los traumatismos y perjuicios que se le ocasionan a las personas que no pueden realizar sus diligencias a tiempo.

Ahora, el efecto más grave de todos es el impacto negativo de la precaria movilidad local, en la economía, la inversión y, por supuesto, el desarrollo; la propensión a la corrupción es otra consecuencia, pues según información de prensa, al parecer, se estaría cobrando por la realización y agilización de trámites que se suponen son gratis para el ciudadano. Sin lugar a dudas, hay que reformar esta Secretaría.