Con la lupa en el Setp

Camilo Ernesto Ossa Bocanegra

En este momento, en Ibagué, el acuerdo empresarial que creo a Sitsa, está deshecho, pues de las 7 empresas que deberían conformarlo, 2 están por fuera (y, estas 2, representan, al menos, el 60% de la operación) y ante esto nos preguntamos ¿cómo piensa contratar la Administración municipal las obras, sin haber definido lo sustancial que es el operador? Aquí nos deben una explicación.
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El paro de transportistas de la semana pasada puso en el orden del día el Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) y la necesidad que, toda la sociedad Ibaguereña, nos apersonemos y apropiemos del proceso para sacarlo adelante. Es este, de los pocos proyectos, junto con el acueducto complementario, que son relevantes y anclas para transformar la ciudad, impulsar el emprendimiento, la reactivación económica y crear fuentes de empleo dignas, con especial énfasis, en los jóvenes y mujeres de nuestra tierra.

Han pasado 20 años -2002- desde el momento en el que se diagnosticó a Ibagué como ciudad piloto intermedia para implementar el Setp y, junto al paso del tiempo, también se han contratado ¡más de 5 estudios! de diseño conceptual, estructuración técnica, financiera, jurídica y actualización -uno por cada cuatrienio-, ¡una barbaridad! y como diría el tango de Gardel “Volver”, pareciera ser que 20 años no son nada y seguimos patinando ante la incertidumbre de una morosa decisión judicial, la insoluta solicitud y aspiración, por demás justa, de los transportistas, sin ser atendida, la desunión como una constante de los transportadores y los “intereses” contractuales de la Administración (buscando dejar contratadas obras, al parecer, desarticuladas), que no permiten alinear un proyecto estratégico y fundamental para erigir a Ibagué como ciudad sostenible, amable y competitiva.

En cifras, el sistema de tres rutas estructurantes y alimentadoras, que requerirá 656 vehículos, podría generar una inversión entre pública y privada por encima de 1 billón de pesos para ser ejecutados en los próximos 5 años -$466.000 millones de participación pública (Alcaldía y nación) y $400.000 millones por compra vehículos, más la infraestructura eléctrica y los vehículos eléctricos).

Pero hay más, el sistema de recaudo centralizado que es uno de los puntos neurálgicos del paro, puede (y debería, es el deber ser), conforme a la Ley 1955 de 2019, ser desarrollado en una alianza público privada entre el gestor, los transportistas y transportadores, en asocio con las universidades locales y desarrolladores de software para implementar el sistema de recaudo, de control y gestión de flota, el sistema de información al usuario y el uso de dispositivos inteligentes de pago. Adicionalmente, preparar el proceso para saltar a un sistema de transporte inteligente, que involucre desde la bicicleta, al transporte de canasta y/o tren ligero, o pesado con integración del sector rural de Ibagué y los municipios que conforman el parque de los nevados.

Igualmente, se tiene previsto que el 5 % de la flota sea con vehículos eléctricos, que puede subir al 10 % o más, si vinculáramos al Gobierno nacional en desarrollo de la Política Nacional de Cero Carbono, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo  2018 – 2022 y, por supuesto, en el PND que se discutirá el año entrante, para apalancar financieramente a los transportistas en la adquisición de la flota eléctrica, conectándolos directamente al sistema y permitiéndose, a su vez, que la infraestructura eléctrica sea montada, por qué no, con un alumbrado público con paneles solares.

 

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Camilo Ernesto Ossa Bocanegra

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