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Miremos lo siguiente, el presupuesto de Ibagué para el año 2023 es de $862.312 millones, de ahí, $33.447 millones se destinan como servicio a la deuda y de esa suma presupuestal total, corresponden como Ingresos Corrientes de Libre Destinación, la suma de $255.436 millones, de los cuales, el saldo total de la deuda (a diciembre de 2022) era de $251 mil millones, esto es, el 91,67 % de esos Ingresos Corrientes de Libre Destinación, casi al tope, teniendo en cuenta que en el año 2021, a través de la Ley 2155 de ese año –artículo 30-, se aumentó el tope al 100 %.
Pero, la discusión hay que profundizarla y alargarla, porque no solo hay que planificar la ciudad alrededor del agua, también tenemos que empezar a dialogar y proponer alternativas de solución que incluya, promocione y desarrolle el sector rural del municipio. Entonces, necesariamente requiere, la Administración municipal, generar una vinculación (principalmente del orden material) entre la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Rural, pues el modelo de ordenamiento territorial que debe diseñarse y discutirse en el siguiente cuatrienio, no puede dejar de lado las carencias, necesidades, potencialidades y oportunidades del campo ibaguereño, es ahí (en la ruralidad) que está la principal oportunidad de crecimiento económico local.
Es agua (infraestructura para conducirla), pero también son vías, acceso a los recursos tecnológicos, educación, salud, acompañamiento para el establecimiento de sistemas agroalimentarios, etc., pero estas y cualquier otra política de adelantamiento y superación del atraso, requiere saber y determinar qué tenemos y para qué lo tenemos (esto último en una apuesta por impulsar la vocación productiva), dicho de otra manera, el diálogo entre lo urbano y lo rural, es más que una formalidad, es un imperativo material de organización y funcionamiento. El siguiente, debe ser el inicio de ese entendimiento:
Primero, la definición del territorio como un espacio socialmente construido, más que como un espacio geográfico; segundo, el reconocimiento de la variedad en la economía rural, más allá de la actividades agrícolas; tercero, la tasación de las relaciones rurales-urbanas con sus interdependencias y articulaciones; cuarto, las estrategias y programas de desarrollo de cada territorio deben pensarse, construirse y ejecutarse desde el territorio, de manera horizontal, con interacción de las dinámicas supraterritoriales de todo tipo, y quinto, la estrategia y el programa de desarrollo de cada territorio debe incluir la construcción de un actor territorial colectivo.
Esta tarea, hay que encargársela a una renovada institucionalidad agrícola, que tenga como fin último, la satisfacción de las necesidades básicas y un aumento en la productividad del campo. Es echar raíces.
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