El presidente de la Alianza Verde, Luis Carlos Avellaneda, dijo a este diario que la multinacional del oro Anglogold Ashanti ofreció “una suma supermillonaria” a ese partido, a condición de que se utilizara principalmente en la campaña a la gobernación del Tolima de Jaime Eduardo Reyes. El candidato confirmó el hecho en su cuenta de twitter. La formación política rechazó la oferta; no podía ser de otra manera en un partido ecologista.
Si lo que dicen los verdes es verdad –hasta el momento no han sido desmentidos- esto significa que la empresa no solo hace negocios en Colombia, sino que también juega a la política. Con esa presunta incursión en la disputa electoral, Anglogold se estaría empleando a fondo para influir en el gobierno departamental. La pregunta es: ¿Con qué propósito?
Pero sobre todo, significa que si la compañía ofreció financiación al candidato con menos opciones, no hay razón para pensar que no lo ha hecho con aquél que tiene más fuerza: Óscar Barreto, aspirante por el partido Conservador y el Centro Democrático. La movilización de recursos en esa campaña, en especial de publicidad, es abrumadora. Financiar campañas no es ilegal, pero el Tolima y el país deben debatir si es legítimo que una transnacional minera influya de esa manera en las elecciones, si es que lo está haciendo.
Preocupa la falta de transparencia de Anglogold y de Barreto. La empresa debería informar a la opinión si es verdad que intenta financiar campañas políticas, como lo manifestaron los verdes, y explicar para qué lo hace. Pero sobre todo, Barreto está en mora de aclarar si ha recibido ofertas de financiación de la empresa, si las ha aceptado y si ha realizado compromisos con ella. Especialmente, debido a que uno de sus secretarios estrella en la gobernación ahora es gerente de la minera. Los votantes tienen derecho a saber.
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