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Muchas de ellas tienen un rigor tal, que logran dilucidar situaciones graves que pasan en nuestros territorios y que no se resuelven por las instituciones pese a que conozcan de dichas situaciones y/o se hagan las de la vista gorda, particularmente aquellas autoridades específicas que tienen competencias de control o incluso, las del ministerio público que restan importancia a sus denuncias y/o las omiten.
En nuestro país, la observancia de derechos por parte de muchas veedurías ciudadanas, al igual que la que hacen muchos y muchas periodistas en Colombia, han permitido sacar a la luz pública irregularidades, hechos de corrupción, afectaciones a los recursos naturales, malos manejos en los recursos de la salud, de los PAE, entre otros.
En el Tolima y en Ibagué estos espacios de participación ciudadana, amparados constitucionalmente, han llamado la atención de muchos sectores que atendemos sus gritos ahogados por la desidia institucional y por la tramitología de las entidades territoriales.
En materia ambiental y de urbanismos, las veedurías ciudadanas han denunciado de manera permanente la afectación de quebradas, montañas, bosques en zonas rurales y en espacios urbanos como Ibagué, desde hace años vienen denunciado licenciamientos urbanos irregulares en zonas que fueron incorporadas a planes parciales para la ampliación de la frontera urbana en la ciudad musical, con promesas falsas de acueducto y alcantarillado que todavía hoy no garantizan el acceso a servicios públicos de miles de ibaguereños e ibaguereñas.
Pese a que estos proyectos de construcción de vivienda en Ibagué, han sido financiados con recursos públicos de la nación (Subsidios de FONVIVIENDA, MICASA YÁ, Cajas de Compensación Familiar y fondos de cesantías, entre otros), es inaudito que sólo las veedurías ciudadanas adviertan la grave violación de derechos humanos asociada a la falta de acceso al agua potable que sucede en estos proyectos de vivienda masivos en la ciudad.
Los conjuntos Arboleda del Campestre, Alminar Samoa, Altos de Miramar, entre otros multifamiliares, fueron entregados a familias humildes y trabajadoras sin disponibilidad suficiente, continua y potable de agua; así, sus gentes son sometidas diariamente a graves riesgos sanitarios y a la violación de su derecho a un hábitat digno, pues incluso han denunciado veedores y residentes de estas zonas, que la poca agua que llega a través de proyectos contratados entre la institucionalidad local y el sector privado, tiene cargas altamente contaminantes que pueden estar agravando la sed de las comunidades.
Por más que se han denunciado estas irregularidades por parte de la Veeduría Ambiental por el Agua en Ibagué - VAPU, los proyectos inmobiliarios sin disponibilidades reales de agua y alcantarillado siguen creciendo en la ciudad, mientras la gente sigue tomando agua de dudosa procedencia en los conjuntos residenciales construidos con los recursos públicos de la nación.
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