¿Cuántas más se necesitan?

Por eso no dejan de sorprender las declaraciones del alcalde de Soacha y de la alcaldesa de Bogotá a quienes se les oyó decir que sus administraciones le brindaron a Érika todas las garantías para protegerla. Aquél aseguró que lo hicieron, pero escurrió su responsabilidad porque los hechos ocurrieron en Bogotá y no en Soacha. Ésta, con su hábil elocuencia, abundó en mil y una justificaciones y señaló que las entidades del Distrito actuaron de manera inmediata y le ofrecieron las medidas de asistencia y protección del caso, solo que no lograron salvarla del machismo salvaje de su pareja. Los hechos, que son tozudos, los desmienten. 

Urge que las autoridades revisen si las medidas de asistencia y protección que están aplicando, esas de las que tanto se ufanan, son efectivas o no; porque como están las cosas se trata de esas que en el papel resuelven todos los problemas, pero solo sirven para que los funcionarios solventen las investigaciones aduciendo que hicieron lo que estaba establecido en las rutas y protocolos de atención. 

Esta historia es de nunca acabar. 

Hace poco lamentábamos la muerte de Maryori Muñoz Sánchez a quien su excompañero sentimental mató en centro comercial de Sabaneta, Antioquia, arrojándole cianuro a la cara. Una tragedia calcada. Acudió a las autoridades esperando que la protegieran y terminó muerta a pesar de que se dictaron medidas de protección. 

Y cuando aún nos reponíamos del impacto que causó la muerte de Érika Aponte conocimos la noticia de que el mismo día Merly Andrea Rengifo fue asesinada en la cárcel de Cómbita por su pareja cuando fue a visitarlo. El homicida, a quien había conocido a través de las redes sociales, está purgando dos condenas, una de 20 y otra de 24 años, por la muerte de dos mujeres. El año pasado de 13.336 muertes violentas, 1.016 tuvieron a una mujer como víctima fatal. Entre enero y marzo de este año han asesinado 133. ¿Cuántas más se necesitan?