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Para 2022, la relación reservas comprobadas Vs. producción anual arroja guarismos de 7,5 para petróleo y 7,2 para gas natural; mientras que en 2021 fueron 7,6 y 8,0 respectivamente. Es decir, se advierte una leve disminución del tiempo esperado para concluir la extracción de esta riqueza.
No obstante el incremento en la producción, el volumen de reservas de petróleo aumentó 1 % y el de gas cayó 0,35 %, comparados con 2021. El llamado a la precaución que inducen estos resultados se torna preocupante por las reiteradas manifestaciones del gobierno, en el sentido de que no autorizará nuevas exploraciones en el cuatrienio hasta tanto se haga una evaluación de los 117 contratos vigentes.
En esa dirección, se advierte indispensable que la ANH, que tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los contratos y convenios de exploración y producción de hidrocarburos, se pronuncie sobre su estado y prospección, para disponer de un instrumento que permita validar la idea de no acometer búsquedas adicionales.
Es posible que haya disparidad en la interpretación de las cifras. Sin embargo, cierto es que siete años es un lapso precario frente al celo y cuidado con los que se debe actuar en tan vital asunto. La concreción de acciones alternativas es dispendiosa y abundan los tropiezos. Basta mencionar el aprovechamiento eólico Windpeshi, iniciado en 2019, que proyectaba generar 205 megavatios desde 2024 con 15 turbinas. Con un avance del 35 %, ante la falta de concertación con las comunidades vecinas, hoy está suspendido en forma indefinida.
Ha dicho el Ministro de Hacienda que “la transición energética no busca acabar con la producción de petróleo, pero sí se pretende la sustitución de bienes de exportación para equilibrar la canasta comercial del país”. Este propósito de ninguna manera se alcanzará en el corto plazo, y es preciso emprender su planeamiento detallado.
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