Sin rumbo

Por ejemplo, en materia de seguridad, la administración que vibra tiene la “ambiciosa” meta de reducir la tasa de homicidios de 12,7 por cada cien mil habitantes a 11 por cada cien mil. Es decir, pretende disminuir tan solo 1.7 puntos. Esto comparado con lo alcanzado por la administración Jaramillo, resulta francamente irrisorio.

En el proyecto de acuerdo, Hurtado reconoce que la administración “Por Ibagué con todo el corazón” redujo considerablemente la tasa de 20,4 a 12,7 homicidios por cada cien mil habitantes, la cifra más baja de los últimos 30 años. Mejor dicho, el alcalde Jaramillo logró disminuir 7.7 puntos la tasa de homicidio, permitiendo con esto que Ibagué se posicionara como una de las ciudades más seguras del país.

Esto se logró con la ejecución del Plan integral de convivencia, seguridad ciudadana y paz del Municipio de Ibagué, el cual contenía líneas de acción claras para la disminución de las conflictividades y delitos de alto impacto. Una política basada en el concepto de seguridad integral, entendiendo que el origen de algunos conflictos obedece a la vulnerabilidad, segregación y pobreza. Programas como jóvenes constructores de ciudad, gestores de paz, familia escuela y comunidad, entre otros, hicieron parte de las estrategias que sirvieron para mejorar los índices de seguridad y convivencia en el Municipio.

Cada día se hace necesario fortalecer la convivencia ciudadana a través de distintos programas de inclusión social y empoderamiento comunitario. La seguridad no puede pensarse sólo como un asunto de fuerza pública. La articulación interinstitucional es necesaria, pero no podemos descargar todo el problema al personal uniformado.

Por eso, es fundamental contar con una política de seguridad integral, pero lejos del sueño de un Estado represor y policiaco, como el Estatuto de Turbay. Tristemente pareciera que así lo pretende “Ibagué Vibra 2020-2023”. Estrategias como Vidron -vigilancia con drones- nos hace pensar en una distopía orwelliana, muy apartado de lo que se pretendía con el Centro de Mando y Control Ciudadano, que no está contemplado en el proyecto del plan de desarrollo.

Hoy, por mencionar una meta, se promete a los ibaguereños la creación de 13 CAI, desconociendo que la competencia de fijar la estructura de la Policía Metropolitana de Ibagué corresponde al Director general de la Policía. Incluso, fue la misma dirección general la que en el año 2014 dispuso de la supresión de 13 CAI, ya que se comenzaba a implementar el plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Significa que no es competencia del alcalde ni del concejo fijar la estructura de la Metib; sin embargo, el Concejo está próximo a aprobar metas que se escapan de la órbita de la entidad territorial.

Necesitamos un fuerte control social y político. Espero que el Concejo Municipal asuma con altura y compromiso la responsabilidad con la ciudadanía. Los grandes avances de los últimos años no pueden borrarse por la desidia y falta de visión de ciudad. Al terminar esta columna, el Departamento Administrativo de la Función Pública enseña los resultados de la evaluación de desempeño institucional de la vigencia 2019. La Alcaldía de Ibagué se sitúa en primer lugar a nivel nacional con un puntaje de 96.9, compartiendo podio con la Alcaldía de Medellín. Un logro más “por Ibagué con todo el corazón”.