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En el año 2018 el contralor Edgardo Maya decía que la corrupción en Colombia ascendía escandalosamente a 50 billones de pesos anuales, dos años después, en octubre pasado, el fiscal Barbosa afirmó que la corrupción ahora son 90 billones de pesos anuales. Aunque no deja de sorprender la habilidad que tienen para contar el dinero de la corrupción y la poca para evitarla; no quiero ni pensar porqué casi se dobla la cifra durante este gobierno y en tan corto tiempo. Curiosamente la cantidad total de Barbosa se parece a lo que dicen que se han gastado en la pandemia y la diferencia con Maya, al aumento del presupuesto general de la nación en el 2021, cifra incluso mayor a lo que aspiran recaudar con la vulgar reforma tributaria de Carrasquilla.
La excusa tras el aumento del presupuesto y la deuda, que justifican la reforma, es populosamente social, por eso la llaman “ley de solidaridad sostenible”. Señal de que los únicos que leen los aburridos manuales de izquierda son los temerosos gobernantes de la derecha, quienes justifican el expolio con el aumento de las limosnas solidarias que reparten, porque en algún oscuro libro leyeron aquella frase de Lenin que rezaba: “la limosna retrasa la revolución”. Así que están avisados todos los millonarios que ganan más de dos millones al mes, o se dejan robar por este gobierno dadivoso o el cadáver insepulto de Lenin nos convierte en Venezuela.
Colombia más que reforma tributaria necesita una reforma estructural del estado y la manera de hacer política, pero la pobre oposición, que si gana el poder el año entrante le van a heredar una vaca muerta y la vida hipotecada, solo ha hecho dos propuestas económicas simples y populistas: imprimir billetes a lo loco y la renta básica universal, la primera de insospechadas consecuencias de hiperinflación y la segunda, solución inédita, necesitaría al menos 30 billones de pesos más, o sea, otra reforma de Carrasquilla.
El aumento de la corrupción y el gasto público no dejan duda de porqué se llama realmente ley de solidaridad, para que todos seamos solidarios con el sostenimiento de esa estirpe de cafres, como cariñosamente llamaba Echandía a sus coterráneos, cuyas obras necesariamente los tienen que sacar del poder. Los pensionados de todo el país van a ver afectada su mesada considerablemente, pero tienen que entender que es el último sacrificio que les pide un país para ver si por fin podemos jubilar a toda una generación de hampones que nos les ha bastado ni con 50, ni con 90 billones anuales para saciar su ambición. Colaboremos todos en silencio porque lo que el país necesita es jubilar finalmente a Alí Babá y a sus 40 ladrones de billones.
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