Los Constituyentes de 1991 concibieron a los Honorables Magistrados de las Altas Cortes como personas virtuosas imposibles de tocar siquiera con el pétalo de una rosa clientelista o de politiquería. Por ello, les permitieron entrar al paraíso de casi toda la institucionalidad colombiana y acercarse con prudencia y distancia, al árbol de la burocracia donde permanecía provocante la manzana del clientelismo bien custodiada por la serpiente sinuosa de la siempre peligrosa y tentadora clase política colombiana.
Y, lamentablemente varios Magistrados comieron del fruto prohibido: probaron y degustaron opíparamente de las venenosas mieles de la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Fallaron las personas, no la estructura institucional concebida para ser orientada y dirigida por juristas probos, parece ser el fallo histórico y la conclusión justa frente a este deplorable episodio institucional.
Ahora, ya arrojados varios magistrados del idílico paraíso judicial al escarnio público, y agrietadas –ojalá temporalmente- las bases de respeto y credibilidad de varias instituciones judiciales, resulta necesario –mirando hacia adelante- observar las falencias más protuberantes que nos llevaron a este despelote gubernamental. Sin lugar a dudas, una de las más desastrosas equivocaciones en su diseño constitucional, era la puerta giratoria, que permitía a duchos abogados litigantes pasar directo de su oficina privada al Despacho de las Cortes a ejercer como Magistrados. Y peor aún, repetir la vuelta pero al contrario, o sea, salir del Despacho de Magistrado de las altas Cortes para regresar a su oficina y seguir ejerciendo la profesión –en nombre propio o a través de testaferros- ante las Cortes donde ejercieron sus funciones o en despachos de instancias inferiores en los cuales designaron los jueces que ahora decidirán –claro que a su favor- los procesos correspondientes.
Pero la tapa se presentó, al ejercer varios de esos Magistrados, no el ejercicio sublime de impartir justicia sino el rastrero de practicar el clientelismo, con el famoso intercambio de nombramientos en la rama judicial. Sumado a lo anterior, también el de someterse – los Magistrados - a los mandatos político partidista, para postular y designar altos funcionarios estatales. Y, a los dos anteriores, añadirle el más despreciable: vender sentencias, que en lenguaje más rudo, consiste en nada más ni nada menos, que prostituir la justicia.
La crisis que actualmente sufre la rama judicial, ha permitido que muchos conocedores de estos temas, formulen interesantes propuestas de reformas al aparato judicial, y en general a la estructura del Estado, para avanzar en justicia y democracia. Pero también, el aprieto ha permitido escuchar voces provenientes de la caverna derechista que en medio del desorden intentan liquidar conquistas democráticas de indiscutible importancia para las mayorías sociales en el país. Por ejemplo, atacar, limitar y destruir lo que algún vocero de ese antro derechista llamó hace pocos días “la maldita tutela”. O eliminar la Corte Constitucional. Ni más faltaba. Lo que la democracia colombiana requiere aquí y ahora es de un buen alivio, no de un trágico suicidio. Salvar no enterrar.
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