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El conflicto ha cruzado límites legales. Se ha derramado sangre y lo que cabe no es echarle más leña al fuego, sino exigir que el peso de la justicia recaiga sobre los culpables. De dichos diálogos extraje algunos puntos que comparto con mis lectores:
No es la mejor época para ser joven. La pandemia y el confinamiento sorprendieron al país con 37% de familias en “déficit habitacional”; 5 millones de colombianos viven hacinados (cinco o más) en una sola habitación. 70% de familias no tiene acceso a Internet y quien pudo pagar datos para su dispositivo (computador o teléfono) debió escoger entre su trabajo y la educación de sus hijos. Se dispararon desempleo, deserción educativa, hambre y violencia intrafamiliar. El estallido social que sufrimos es producto de todo lo anterior, aunado a la sensación de no futuro de una juventud que ve cómo la clase política hace “ochas y panochas” con el dinero de todos.
Los protestantes son heterogéneos. Los lidera la CUT, central sindical que agrupa a los empleados oficiales. Pertenecen al Polo Democrático Alternativo, partido aliado del jefe de la oposición, Gustavo Petro. Son tenedores de la temible “Caja de los Truenos” que activa los paros nacionales para apoyar su agenda sectorial, posicionar sus candidatos al Congreso o menoscabar políticamente un gobierno como este: de derechas, débil e impopular.
Los estudiantes universitarios: grupo que protagonizó los grandes cambios políticos del Siglo XX, como la caída de la dictadura de Rojas Pinilla y la Constituyente de 1991. Se les han agregado los NINIS, (jóvenes que no estudian ni trabajan), segmento ninguneado por el Estado y calumniado por una pequeña burguesía que injustamente los confunde con las pandillas. Son muchos (3,6 millones), invisibles y muy vulnerables, pues la movilidad social va en descenso.
Siguen los indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico que habitan selvas, montañas y costas desamparadas por un Estado en el que no creen. Padecen el fuego cruzado de los carteles de la droga y la minería ilegal que reclutan nativos, migrantes y desplazados para cultivo, recolección, procesamiento y transporte de coca o marihuana; lavado de activos, contrabando, extorsión, microtráfico, préstamos gota a gota y sicariato. Pretenden darle una base social al crimen y financian el caos político para distraer la desorientada Fuerza Pública.
La sociedad debe distinguir unos actores de otros. Los pequeños comerciantes con camisetas blancas no son paramilitares urbanos, ni los jóvenes manifestantes marihuaneros terroristas. El Estado debe garantizar los derechos a la paz, el trabajo y la protesta social, sancionando a los delincuentes que los obstruyan. El bloqueo de vías para matar de hambre a la población civil no es legítima protesta al gobierno, sino delito atroz.
Necesitamos reformas que lejos de los extremos ideológicos enfrenten la crisis social y paren la corrupción. De lo contrario, seguiremos dando vueltas en la noria de violencia y privilegios que nos muele hace 200 años.
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