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El argumento es cínico y falaz. Según el presidente de la Junta Directiva del gremio, la culpa no es de los constructores sino del POT de Ibagué, que al extender el perímetro urbano a zonas sin redes de servicios creó la ficción jurídica de que sí los había. Reconocen que el anterior alcalde trató de remediar el problema, obligando verificar las certificaciones de agua potable aportadas en el trámite de licencias otorgadas por acueductos comunitarios, con análisis bioquímicos. No obstante, demandaron la norma. Para Camacol, hasta que el Tribunal Administrativo del Tolima no resuelva la nulidad del POT, tienen derecho a vender viviendas con agua sucia, purificada por decreto.
Nos echan el cuento que hicieron lobby ante la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, para que interviniera las escorrentías entubadas, no reconocidas como prestadoras. La Superintendente Natasha Avendaño García les ofreció tinto y escuchó con detenimiento, pero incumplió “la promesa de iniciar un proceso de evaluación para poder proceder a la intervención de los acueductos que no cumplen con la normatividad vigente”. La posesión del alcalde Andrés Hurtado habría alterado los planes de la alta funcionaria.
En Supernotariado y Registro no lo hacen mejor. El poder “fideifaciente” no les permitiría a los Curadores Urbanos examinar el cumplimiento de los requisitos de ley. La ausencia de agua potable en los acueductos veredales le ha significado gravosas condenas judiciales al municipio de Ibagué, pero para los inspectores de la Superintendencia sigue siendo suficiente la ficción de tenerla. No importa que se engañe al Estado que paga los subsidios VIP y se estafe a las familias que invierten sus ahorros y se endeudan con los bancos, con tal de que la mentirosa certificación se le presente al Curador debidamente firmada, sellada y plastificada. El curador No 1 les enseña doctrina. Nuestro aspirante a Echandía niega todo tipo de información sobre los proyectos en trámite, alegando “violación de derechos de autor”. Así lo denuncia el abogado Julio César Montañez, representante de la liga de vecinos del barrio El Vergel (más de 2000 usuarios), en el proyecto Sky Deluxe:
“Al pronunciarse la Curaduría sobre el otorgamiento de la licencia sin permitirle a los terceros conocer los documentos que contienen las características del proyecto de vivienda, y las reglamentaciones que la Secretaría de Planeación Municipal y las diferentes curadurías urbanas de la ciudad han definido para el sector, está coartando el derecho de aquellos a controvertir la construcción, pues de nada sirve que formalmente se les confiera la oportunidad de hacer la oposición si se les impide tener la información para hacerlo debidamente”.
La típica Ley del Embudo. Aquí se violan Constitución y leyes que las superintendentes juraron cumplir y hacer cumplir, pero no pasa nada. Como decimos los tolimenses: “Ni el burro ni el que lo enjalma”.
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