Una Justicia ingrávida

La mitad de nuestros últimos 60 presidentes fueron abogados, título que se requiere para ser Fiscal, Procurador, Defensor o magistrado. Un juez gana, en promedio, $9 millones y un magistrado de tribunal $30 millones, cifra que no puede pagarle ninguna empresa de provincia a su gerente, pero que obtienen no menos de 25 funcionarios en cada capital de departamento. Por eso sus señorías miran a todo el mundo con desdén.
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El 70% de la planta de las mejores burocracias del Estado (Rama Judicial, Fiscalía y organismos de control) son ocupadas por profesionales del Derecho. No es de extrañar que seamos el segundo país con más abogados per cápita del mundo: 355 por cada 100.000 habitantes. La seducción jurídica ha escalado al despacho de Felipe Córdoba, actual Contralor General de la República, graduado en Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado y hoy condiscípulo de mozalbetes del Politécnico Grancolombiano. 

Mientras estudia sus preparatorios, Córdoba impulsa un Acto Legislativo que rebaje los 15 años de ejercicio del Derecho que exige la Constitución para ser Fiscal General, Procurador o Defensor del Pueblo. De conseguirlo podría estrenar su diploma dictando las pautas de la política criminal, defendiendo los Derechos Humanos o garantizando el Principio de Legalidad. En caso de incurrir en graves equivocaciones no tendría inconvenientes. El proyecto pone a responder a los altos funcionarios ante los sabuesos de la Comisión de Acusaciones (¿absoluciones?) de la Cámara de Representantes.  

Una indigna caricatura de la Reforma a la Justicia que requiere Colombia. Estamos hartos de impunidad, morosidad y corrupción. La semana anterior me referí a la tutela del Nuevo Liberalismo, cuyo texto no ha querido notificar la Corte Constitucional al Consejo Nacional Electoral, haciendo nugatorio su propio fallo, ante el desconcierto de todo un país que observa cómo se degrada la sal. 

El Superintendente de salud, Fabio Aristizábal Ángel, acaba de denunciar al magistrado del Tribunal del Atlántico, Jorge Eliecer Mola Capera, porque le ordenó revivir la EPS Ambuq de Quibdó, una entidad que ordenó liquidar por todo tipo de vicios e incumplimientos.

Según Aristizábal, las EPS corruptas no buscan utilidades sino saquear el enorme flujo de caja que manejan; en este caso más de 60 mil millones de pesos mensuales. Intereses que carteles de jueces y abogados priorizan sobre el derecho fundamental a la salud de la población. Dicho magistrado está siendo investigado por el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en el que la Corte Suprema ya envió a la cárcel al exsenador Eduardo Pulgar. 

570.000 ibaguereños cumplen cuatro años esperando que el Tribunal Administrativo declare nulo el POT que expandió el perímetro urbano por fuera del hidrosanitario, en oposición al Parágrafo 2 del artículo 12 Ley 388 de 1997. Un descarado “volteo de tierras” que tiene bebiendo agua cruda a uno de cada tres compradores de vivienda nueva en Ibagué. 

El “estatus quo” enriquece a los agazapados beneficiarios del acto espurio y defrauda a las humildes familias. El fallo inter comunis de la Corte Constitucional (caso Alminar Samoa) es claro: el municipio debe asumir los sobrecostos de llevar el agua a los proyectos edificados con licencias urbanísticas expedidas sin servicio real de acueducto. 

De ganar en el Tribunal pararíamos el desangre de las saqueadas arcas públicas. De perderlo podríamos tutelar el fallo ante la Corte y ganarlo. Por eso la moneda se mantiene en el aire, violando entre otras muchas, la ley de la gravedad.

 

GUILLERMO HINESTROSA

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