Gobierno y oposición

Rudolf Hommes

En la columna que escribí para El Tiempo este domingo destaco como el ejercicio responsable del poder blando como parte de la política exterior de Estados Unidos ha contribuido a la estabilidad de la economía mundial y como puede afectarla muy negativamente si el Gobierno de ese país opta exclusivamente por la demostración de fuerza. En forma similar, puede ser más efectivo y potencialmente menos dañino en un esquema doméstico de gobierno – oposición, que los poderosos, tanto en el Gobierno como en la oposición, consideren la posibilidad de ejercer su poder con algún grado de moderación y un componente altruista que permita renunciar a posiciones intransigentes en temas que no se prestan al consenso, y hacer acuerdos en los que se pueden hacer compromisos. Esta preocupación la comparten varios otros columnistas, que han escrito sobre ese tema a raíz de la expedición del estatuto de la oposición, Eduardo Posada y Ricardo Silva entre ellos. (El Tiempo, Julio 13 de 2018).

Ya comienzan a vislumbrarse como serán las relaciones entre el Gobierno y la oposición. Por ejemplo, con la posibilidad de que Jesús Santrich se posesione la semana entrante como representante a la Cámara, o con la iniciativa de prestantes elementos del Centro Democrático que preparan obstinadamente un referendo para modificar el acuerdo de paz. El agarrón entre Maria Fernanda Cabal y Francisco Tolosa en la W el jueves pasado no permitiría abrigar ninguna esperanza de que esas relaciones se van a desarrollar en forma civilizada, pero como Iván Duque ha firmado con los presidentes del Polo y de las Farc el ‘Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales’, se puede especular sobre un panorama menos pugnaz.

Este panorama lo puede inducir el nuevo presidente y sería radicalmente diferente del que se ha agitado durante el debate electoral que pondría a la oposición a vociferar permanentemente en el congreso, a hacer política en los juzgados penales y a organizar manifestaciones en las calles y las plazas públicas mientras la administración se ocupa de destruir los avances alcanzados en el proceso de paz y descuida la economía, el progreso social y el buen gobierno.

En el otro extremo se podría pensar en no cambiar los acuerdos de paz, permitir que la JEP y la Comisión de la Verdad desarrollen sus funciones sin los excesos de prevención y desconfianza que ahora lo impiden. La Corte Constitucional ha despejado el camino para seguir adelante con la reforma rural y la restitución de tierras y posiblemente eso permita también generar soluciones alternativas efectivas para sustituir el cultivo de coca y para el posconflicto. La oposición renunciaría a su deseo de meter a alguno de los expresidentes vivos a la cárcel y podría conseguir que Santrich no se posesione hasta que la JEP aclare su situación. Limitaría sus protestas públicas y buscaría acuerdos sobre los temas de interés compartido. El beneficio de generar soluciones como estas es evidente. Los ministros recién anunciados seguramente las acojan porque la administración podría dedicarse a generar empleo, crecimiento y bienestar y a corregir fallas estructurales que inciden sobre la equidad y el progreso social.

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