Diálogo y negociación

Extrañamente sigue sucediendo, luego de finalizadas estas expresiones, que en algunas ciudades se desata el vandalismo contra bienes públicos, y la represión policial se dirige, no solo contra los sujetos de los actos irregulares, sino contra los jóvenes.

La protesta social ha ido escalando y la reacción de los sectores en contra del paro se ha venido radicalizando. En contubernio con la fuerza pública, como se ha visto en muchos videos, han aparecido grupos de civiles disparando sin miramientos contra los manifestantes en una clara y flagrante violación a los derechos humanos. Este hecho es tremendamente preocupante. Si esto se permite con la anuencia de quienes deben velar por la vida de la ciudadanía, podemos estar en la antesala de una guerra civil, porque los que disparan contra la gente, pueden ser perseguidos y linchados por los manifestantes enfurecidos cómo aconteció tristemente en Cali, hecho absolutamente inaceptable que debemos rechazar.

La ONG Temblores ha venido documentando la espiral ascendente de la violación de derechos humanos. Las cifras crecen diariamente. Los hechos de represión y el uso excesivo de la fuerza se traducen en: 1) víctimas de violencia física, 2) homicidios cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, 3) detenciones arbitrarias contra manifestantes, 4) víctimas de agresiones oculares, 5) víctimas de violencia sexual, 6) víctimas de violencia basada en género, 7) disparos con armas de fuego y 8) intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.

En un periodo de un mes se ha visto un nivel de horror inimaginable. Se señala el surgimiento de grupos paramilitares urbanos de “la gente de bien” como mecanismo de contención de la protesta sin mayores investigaciones por parte de la justicia. A esto se suma que la fórmula del gobierno hasta el momento ha consistido en no expresar ni una palabra de solidaridad para las víctimas y en cambio, para paliar una crisis de unas profundas causas sociales, responder con mayor militarización.

Más de treinta días han transcurrido sin mayores avances entre el comité nacional de paro y el gobierno nacional a pesar de tener como facilitadores a la Iglesia católica y la ONU. El tema de los bloqueos ha sido el punto de discordia, puesto que, para los negociadores del gobierno, no se les ha condenado con la contundencia requerida. La confianza ha sido un factor que no se consolida aún, especialmente después de lo sucedido en Buenaventura, donde se había alcanzado un acuerdo para desbloquear, que luego no fue refrendado por el gobierno del presidente Duque.

Algunos sectores sociales manifiestan no sentirse representados en el comité nacional de paro y ello dificulta cualquier interlocución y negociación puesto que hasta ahora han sido los encargados de la representación y negociación del estallido social existente. Este aspecto se debe resolver sumando nuevas voces al mismo que incorporen las demandas y las propuestas desde las regiones y los territorios.

El paro se debe solucionar con diálogo y negociación y no con más represión. Hay que fortalecer el diálogo como reclama la ONU, respetar la protesta ciudadana pacífica, desbloquear el país y generar condiciones para que las partes sigan negociando. Las grandes mayorías ciudadanas anhelan cambios reales en la nación, unas reformas sociales que permitan mejorar la calidad de vida de millones de colombianos que hoy viven una situación de hambre y miseria.