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El indolente ministro de Hacienda Carrasquilla, en su imaginación creadora y mentirosa proyectó una propuesta de reforma tributaria disfrazada de beneficios sociales, imponiendo cargas adicionales a la clase media; ha generando protestas y manifiestaciones que ya dejan huella en la memoria histórica del país, por el número de muertos que se convierten en mártires.
La ineficacia y falta de asertividad comunicativa, su irresponsabilidad, conllevó a la crisis que en medio de la pademia se convierte en un problema incomesurable a nivel nacional en todos los sectores, razón por la cual es declarado persona no grata, por muchos colombianos. La aceptación de la renuencia de Carrasquilla debe ser inmediata.
Se exige un ministro que desde el conocimiento práxico, contextualizado, sea capaz de pensar en una reforma tributaria coherente, puesto que la decisión de retiro del texto divulgado por la revista Semana.com al medio día del domingo 2 de mayo, implica un nuevo proyecto que contribuya a la economía, pero que sea madurado y bien intencionado en búsqueda del bien común.
Los mayores beneficiados con la crisis humanitaria mundial han sido los bancos, los supermercados, farmacias y grandes superficies como El Éxito, Alkosto, Alcomprar, Jumbo, entre otros, los cuales podrían entrar a apoyar temporalmente, reitero, temporalmente, con el incremento de la carga tributaria a microempresas y una sobretasa al impuesto de renta a las que aumentaron sus ingresos durante la crisis humanitaria mundial que transitamos.
Igualmente, se deben revisar entes que han sido constituidos para aportar y contribuir socialmente, pero que por cuenta de las leyes obsoletas que aún los cobijan, están exonerados de las contribuciones.
Indudablemente una nueva propuesta de reforma tributaria, debe garantizar educación gratuita para todos los estudiantes de la básica primaria, básica secundaria y media técnica tal como lo expresa el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, pero que en su vacío constitucional se alude a los tratados internacionales que versan derechos humanos para garantizar que la educación sea gratuita y obligatoria hasta que se cumplan los 18 años y se termine la media técnica, en las condiciones dignas que implica el núcleo esencial del Derecho a la Educación.
Que se garantice gratuidad educativa para los estratos más desfavorecidos el 1 y 2 en la educación superior y la ejecución del Plan de Alimentación Escolar para los niños y adolescentes de iguales estratos.
Y finalmente, ante el inmenso dolor que embarga a la ciudadanía y enluta al país por el presunto asesinato del joven estudiante de 19 años Santiago Murillo, las autoridades civiles deben acompañar a los entes disciplinarios y de investigación, para que se establezca la verdad sobre los hechos y este caso no quede en la impunidad.
La respuesta de la policía debe ser proporcional a los ataques, muchas veces el exceso de fuerza y la irreflexión, ha hecho parte de sus prácticas.
¡Exigimos justicia! Paz en la tumba de Santiago Murillo, que la fuerza solamente sea la de las palabras, que la educación empodere la voz para transformar la injusticia, la inequidad, la irracionalidad.
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