Flexibilidad laboral y desempleo

Ismael Molina

El año 2021 se presenta como un período de grandes retos, donde el tema de la recuperación económica debe estar en el centro de las discusiones políticas y sociales, por su inevitable repercusión para la estabilidad de las condiciones de vida de la población.
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Las repercusiones de la pandemia del Covid–19 han sido muy grandes para el aparato productivo nacional y regional. La tasa de crecimiento negativa que se espera para el año frisa entre el 7% y 9%, el desempleo abierto se mantendrá sobre dos dígitos en cerca el 15% y el subempleo y la economía del rebusque ocupará entre el 45% y 50% de la fuerza laboral.

Las respuestas del Gobierno nacional han sido importantes pero insuficientes. La apertura de la economía a partir de septiembre ha reactivado algunos sectores como el de la construcción, pero no ha podido resolver la totalidad del problema. Así mismo la puesta en funcionamiento del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), contribuye a reducir la recesión que hoy se soporta.

Pero las prioridades que hasta ahora ha anunciado el Gobierno nacional para el próximo año, pareciera desconocer la realidad existente. La insistencia del Ministerio de Hacienda en el déficit fiscal y su decisión de reducirlo a 1,2% para el año 2023, va en contravía de toda lógica económica que enseña que en momentos de recesión y posible deflación, un poderoso instrumento para la defensa de la economía es el gasto público autónomo, con el inevitable déficit fiscal que apoye la demanda agregada para superar la caída del empleo y el ingreso de la economía privada, y que cuando las condiciones macroeconómicas cambien el déficit fiscal debe ser resuelto, pues, haciendo un símil, es muy riesgoso para la vida de un enfermo de pulmonía que se le impida el acceso a las balas de oxígeno que requiere.

Frente a las preocupaciones del empleo la política oficial insiste en la necesidad de flexibilizar las condiciones del mercado laboral, específicamente en la reducción de los costos vinculados tanto al salario mínimo como en los costos asociados a la nómina en seguridad social, sosteniendo que el salario mínimo es muy alto en Colombia, como reiteradamente lo ha expresado el ministro de hacienda. Tal apreciación es el producto de dos percepciones que no son ajustadas a la realidad: En primer lugar, la representación de los costos salariales en el costo total del producto, que de manera general no pasan del 30%, que implica que cualquier cambio hacia arriba o abajo en tal costo, tiene solo efectos marginales en el costo efectivo del bien, pues si, por ejemplo, se redujera en 10% el salario, el efecto en el producto en cuestión no sería de más del 3%.

La segunda percepción es menos real. Si al empresario se le reducen los costos laborales, no por eso crea más puestos de trabajo, pues estos se generan cuando la demanda efectiva de un bien presiona para incrementar la oferta del mismo y el empresario identifica la oportunidad de mercado que permite la creación de ese nuevo empleo, pero no se crea por la reducción del salario, lo hace por el incremento en la demanda.

Las dos apreciaciones anteriores, muestran que la llamada flexibilización laboral no es el instrumento para enfrentar la crisis del desempleo y es solo una teoría que busca colocar sobre los hombros de los trabajadores el costo de la recuperación económica, mejorando las utilidades del capital en contra de las rentas de trabajo. Por el contrario, en la actual situación las políticas macroeconómicas deben buscar la ampliación de la demanda efectiva y ello no se logra concentrando el ingreso en pocas manos y reduciendo la capacidad de compra de la mayoría.

Siempre debemos recordar las decisiones de Henry Ford, que en medio de la crisis de los años 30 del siglo pasado decidió elevar los salarios de sus trabajadores, pues de lo contrario estos no podrían comprar sus automóviles. Esa acción contribuyó decisivamente para que los Estados Unidos pudiera superar las secuelas de la recesión y se enrumbara nuevamente por la senda del crecimiento económico.

Antes de estar pensando en cómo generar mayor concentración del ingreso en este país, suficientemente inequitativo, las prioridades debieran estar puestos en la creación de un programa de empleo de emergencia y en el establecimiento de una renta básica transitoria, para ampliar la demanda agregada y así establecer las posibilidades reales de retomar el crecimiento económico y salir de la profunda recesión en que estamos.

ISMAEL A. MOLINA GIRALDO

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