Las noticias que la Ocde presentó esta semana ponen de presente que Colombia es el país miembro de esa institución internacional con el mayor nivel de desempleo, 21,4%, frente al promedio de la entidad que es de 8,4%. Tal diferencia no es el producto de que el resto de países no hayan sufrido los embates de la pandemia, es el resultado de políticas macroeconómicas diferentes a las aplicadas en nuestro país.

Las malas noticias siguen llegando a nuestra tierra: De conformidad con el Dane, en Ibagué el desempleo se trepó a 31,7% en el mes de mayo, siendo la ciudad con el segundo más alto guarismo de desocupados en el país, sólo superada por Neiva.

La corrupción es la acción emprendida por un individuo o grupo de ellos, que utilizando su posición económica o laboral, tanto en el sector público como en el privado, genera las condiciones para obtener un beneficio privado injustificado afectando la generación de bienes o prestación de servicios con eficiencia y calidad, que impiden obtener los propósito de una mejora en las condiciones de vida de los usuarios potenciales y efectivos de ellos.

Llevamos tres meses desde el momento en que el presidente Iván Duque ordenó el confinamiento como medida para enfrentar el Covid-19. Muchos creyeron que tal medida era suficiente para que la pandemia terminara y no pocos han esperado que el riesgo letal del virus desapareciera como efecto del confinamiento establecido.

Las cifras que presenta el Dane no pueden ser más preocupantes. Un desempleo que bordea el 20% de la fuerza laboral en el país, con una tasa de participación laboral que se reduce en 10,4%, nos ponen de manifiesto que no solo hay una reducción drástica en el empleo en el país, sino que también la actividad económica en su conjunto se está contrayendo, al punto que muchos de los trabajadores potenciales han preferido volver a ser dependiente y excluirse de la fuerza laboral activa.

Cuando finalizó la administración del alcalde Luis H. Rodríguez y se hizo evidente el robo continuado y descarado que se había montado en ese período gubernamental, que estalló en mil pedazos con la destrucción de los escenarios deportivos y su carrusel de corrupción que imposibilitaron su reconstrucción y puesta en funcionamiento, la ciudad no solo había perdido tales equipamientos, sino que se tenía total desconfianza en la capacidad de la administración pública para afrontar los retos de ejecución de obra alguna, que el Estado se había convertido en el coto de caza de los clientelistas y corruptos, que se había perdido la razón ética de pagar impuestos pues los avivatos se robaban el erario público.

Las cifras económicas que empiezan a conocerse son cada vez más inquietantes. De las proyecciones de una crisis económica puntual y de corta duración se ha pasado a la visualización de una crisis económica estructural, de larga duración y profundas repercusiones, donde la pandemia sólo ha servido de antesala.

El aparecimiento de la pandemia generada por el Covid 19 y la imposición de una cuarentena que ya rebasó los 40 días y sigue ampliándose, ha puesto en evidencia las contradicciones e inviabilidad ética y económica del modelo de desarrollo en que estamos imbuidos y del propio sistema de producción capitalista.

El manejo del agua potable es uno de los temas de mayor sensibilidad al que se enfrenta cualquier administración municipal, pues su buen o mal manejo afectará las condiciones de vida de la población, de su salud, de su situación económica y será barrera o impulso para su desarrollo económico y social.

El desempleo ha sido una epidemia crónica de la ciudad en los últimos 15 años. Hemos disputado cabeza a cabeza el deshonor del primer lugar en las estadísticas laborales del país con ciudades que se caracterizan o por su alto nivel de pobreza como Quibdó, o que ha estado impactada por eventos inmanejables para las autoridades locales como Cúcuta y la situación económica venezolana.