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Dijo, por ejemplo, en su discurso de posesión -y lo acaba de repetir ante la Policía Nacional durante la ceremonia de su reconocimiento- que el criterio para decidir los ascensos en la fuerza pública no puede seguir siendo el número de bajas que se les atribuyan sino la cantidad de vidas que hayan contribuido a salvar. “Los evaluaremos -expresó- cuando toque para saber su eficacia, en términos de violencia, criminalidad, pero, sobre todo, el respeto a la vida y derechos humanos”. Y añadió algo muy importante: “Ese criterio de ascenso medido por bajas, que generó tal desastre hace unos años, tiene que cambiar, para que el ascenso sea medido al contrario, porque se impidió la masacre, la muerte de líderes sociales, asesinatos de excombatientes, se logró resultados de pacificación; el indicador cambia de muertos hacia la vida”.
Totalmente de acuerdo. Si este criterio, perfectamente acorde con la función confiada por la Constitución a la Fuerza Pública hubiese prevalecido, en vez del contrario, quizá no habrían tenido lugar los llamados “falsos positivos” -crímenes atroces cometidos para mostrar resultados-, que nos avergüenzan ante el mundo.
En la misma línea, ha señalado el presidente, jefe supremo de la fuerza pública: “Todo gasto en el ser humano es prioritario. Las cosas pueden esperar. Los seres humanos, no. Es más importante, la mujer y el hombre que tiene el fusil, que el fusil; siempre y en todo lugar”.
Un concepto coherente con el fundamento señalado en el artículo Uno de la Constitución, consistente el respeto a la dignidad de la persona humana, y con lo expresado por la Corte Constitucional desde sus primeros fallos: “El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado (…) La integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal”. (Sentencia T-499 de 1992).
Para la Corte, “la dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas” (Sentencia T-556 del 6 de octubre de 1998).
Las aludidas manifestaciones del presidente son coherentes, si se tiene en cuenta que siempre ha prohijado, por encima de otros propósitos estatales, la prevalencia de la dignidad humana. Así, cuando fue alcalde mayor de la capital de la República, habló de la “Bogotá Humana”. Su campaña presidencial se orientó hacia la “Colombia Humana”. Y ahora, ya en ejercicio de la jefatura del Estado, habla de la “Seguridad Humana”.
Se tiene, entonces, una perspectiva fundada en la Constitución, para configurar un sistema genuinamente democrático y un Estado social, humanitario y respetuoso de las garantías, las libertades y los derechos, sin discriminaciones. Ojalá estos criterios se reflejen en la práctica y en la realidad.
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