A raíz de cuanto ha venido ocurriendo, muchos colombianos se preguntan si el actual Congreso de la República está cumpliendo siempre la función legislativa que le han confiado la Constitución (artículos 114 y 150) y sus electores.

Nos referimos una vez más a la indebida práctica consistente en filtrar a los medios de comunicación los documentos reservados y los proyectos de fallos, material probatorio o providencias.

La convivencia, la paz, la economía y el progreso en el mundo serán objetivos imposibles si se abre camino a la tendencia que observamos, al menos en algunos países, a ignorar, tergiversar y violar el Derecho Internacional.

El sistema jurídico colombiano busca preservar una sana separación entre el servicio público y el interés particular o familiar de quien lo presta.

Volviendo a un tema crucial, el de los derechos de los menores de edad, no sobra recordar que, al tenor del artículo 44 de la Constitución, son derechos fundamentales de los niños:

Colombia es un Estado democrático, independiente y soberano. El Presidente de la República -jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa- es elegido por voto popular y, según declara el artículo 188 de la Constitución, “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

Caben algunas precisiones en torno a la reciente propuesta presidencial sobre convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

El presidente Gustavo Petro -ante el bloqueo al que han sido sometidos los proyectos gubernamentales en el Congreso- ha manifestado que, “si un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente". Agregó que ella “debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia".

Durante un reciente foro académico acerca de la libertad de información, uno de los asistentes manifestaba: “Hablando de la información, debo decirles que he perdido por completo la confianza en los noticieros de radio y televisión. Ya uno no sabe qué creer, ni a quién creerle. Todos están politizados”.

No se olvide que, en una auténtica democracia, la crítica y el disenso -en uso de la libre expresión del pensamiento y opiniones de cada uno, garantizada en Colombia por el artículo 20 de la Constitución- no riñen con el debido respeto, consideración y acatamiento que merecen los actos y decisiones de las ramas y órganos del poder público, incluyendo a los altos tribunales.