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Este frágil, vulnerable y amenazado sistema democrático que tenemos, debemos protegerlo. La amenaza proviene del proyecto político del narcotráfico que cabalga sobre la guerra contra las drogas. Este problema crucial para nuestra supervivencia personal, territorial, cultural, económica, política, social y ambiental; lo hemos evitado, ignorado y desconocido. Todos tenemos la obligación de afrontarlo.
El primer paso es reconocer el problema en toda su dimensión histórica de 50 años aplicando la misma receta. Es hora de proponer una nueva política cuya meta final sea lograr que el Estado y no los criminales, como ocurre hoy, sea el que regule el uso, acceso, calidad, precio y seguridad de todas las sustancias que actualmente son ilícitas. Una política de pedagogía en el consumo responsable e informado, que distinga entre adicción, consumo problemático y consumo no problemático. Una política integral de infraestructura social y desarrollo rural, liderada en el territorio por la sociedad civil en equipo con la fuerza pública, particularmente con los batallones de ingenieros militares.
Entre 1994 y 2015, según FESCOL, el país gastó 100 billones, si cien millones de millones, en operaciones de fumigaciones aéreas para erradicar cultivos de coca, de familias campesinas cuya única opción de supervivencia es cultivarla. Con estos recursos, Colombia habría podido construir más de 50 mil kilómetros de vías terciarias, especialmente en las zonas cocaleras.
Es hora de acabar el narcotráfico por otros medios desde la evidencia, el sentido común y la historia de sangre, corrupción y culto al dinero fácil que tanto daño nos ha hecho. Para lograrlo, el camino es acabar con el negocio criminal. Los intereses en juego son muy poderosos y van mucho más allá de los representados por los personajes de las narco novelas. Es hora de dar el primer paso.
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