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El funcionario habló de haber detectado “70 modalidades de fraude” para impedir que la Supersalud ejerza sus funciones. Todo lo dicho se ha venido repitiendo en voz baja desde hace años, solo que no se actúa por miedo, intereses o compromisos. Sin embargo, las más de 600 mil tutelas que existen contra las EPS, convertidas, para algunos, en caja menor de políticos inescrupulosos, son la mejor evidencia de que la mayoría de estas entidades son fortines al servicio de personajes e instituciones que no se han dado a conocer.
La constitución Nacional reconoce que la salud es un derecho fundamental en el país y por lo tanto “el Estado tiene la obligación de garantizar los servicios de toda la población”. Pero, Colombia sigue siendo un país enfermo, después de veinte años de funcionamiento de la Ley 100 y de que los gobernantes hablen de que se ha logrado asegurar al 98% de la población, todos sabemos que es una falacia porque la calidad que recibimos es deplorable, se olvidan que somos humanos y conformamos cuerpos integrales, que requerimos no solo medicamentos de alta calidad, sino de una atención oportuna y digna, con campañas sanitarias de prevención y promoción de la salud, sin las trampas de hoy.
Decir que “la culpa no es de la Ley 100, sino de los actores”, es negar que fue este sistema el que estableció los mecanismos para abrirle la puerta a la corrupción. La creación de las EPS como intermediarias y ahora la llamada ADRES (Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad en Salud), también como intermediaria, es tejer una maraña burocrática para enredar los recursos oficiales y condenar a los hospitales públicos e IPS a subsidiar con sus propios dineros, mientras las EPS se quedan con grandes sumas que el gobierno gira por el pago de las UPC (unidades de pago por captación).
Si el problema es de los actores, por qué no se adelanta una depuración de ellos, que debe comenzar con la información de los nombres de los socios de estas empresas particulares, para desenmascarar mafias y carteles, conformadas por algunos políticos, abogados, médicos, administradores, magistrados venales, proveedores y todo un entramado que se lucra de un sistema que necesita una reforma a la salud, hecha con mecanismos de participación real y no por los mismos que usufructúan la actual situación.
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