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Realmente no hubo una discusión generalizada sobre aspectos puntuales y sí una férrea oposición de quienes en el pasado fueron los constructores de una normatividad excluyente y focalizada en el favorecimiento de los sectores industriales.
Muchos son quienes pretenden detener las transformaciones que requiere el país esgrimiendo básicamente dos falacias. La primera es que toda reforma que beneficie a la clase obrera, pone en peligro la estabilidad económica, porque aumenta los costos de producción, aleja la inversión extranjera, impide la modernización de las empresas y cancela la apertura de nuevos empleos. Esta posición la han defendido los dueños de las fuerzas productivas con la falaz afirmación de que se encuentran al borde de la quiebra, cuando todos sabemos que los balances de las grandes empresas, año tras año dejan billonarias ganancias, que no logran satisfacer sus ambiciosos apetitos.
En el pasado utilizaron esta misma explicación y ante el aumento del desempleo, presionaron la promulgación de la Ley 789 del año 2003, con la promesa de flexibilizar el empleo, pero lo único que hicieron fue extender el día laboral hasta las 9 de la noche. Así se despojó a los trabajadores del pago de horas extras y recargos nocturnos, al igual que el pago triple del dominical.
La segunda es un chantaje que siempre esbozan estos protagonistas, es que para mejorar los salarios a los trabajadores, los gremios no tienen alternativa distinta que pedir autorización para despidos masivos. Con estas mentiras engañan al pueblo colombiano y este se resigna ingenuamente y hasta defiende en las calles a sus verdugos, porque han satanizado todo intento de cambio.
Un estudio adelantado por investigadores concluyó que la llamada flexibilización fue una estafa propinada al pueblo trabajador de Colombia, porque la tal reforma no creó empleo, pero los empresarios colombianos si recibieron cerca de 28 billones entre los años 2003 al 2017, como producto del ahorro logrado por el no pago de las prestaciones arriba mencionadas.
Sin embargo, el proyecto que entra a discusión en el senado esta semana, rescata el pago parcial de dominicales, festivos, recargos nocturnos y horas extras, al igual que otros derechos arrebatados recientemente. Como avances importantes están: la priorización del contrato a término indefinido para favorecer la estabilidad laboral; formalización e industrialización del campo; aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Vamos a ver qué dejan pasar los políticos y mandaderos del poder.
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