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El punto inicial en el objetivo por reivindicar el derecho a la alimentación y una vida digna surge en el año 1948 cuando se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta declaración, el artículo 25 promulga el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado, a partir de su condición humana, haciendo especial énfasis en la salud y la alimentación. En ese mismo sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible crean metas sobre los temas prioritarios para los habitantes del planeta, estableciendo en el ODS 1 el propósito de erradicar la pobreza y en el ODS 2 el propósito de erradicar el hambre del mundo.
En Colombia se destaca la promulgación en el año 2008 del CONPES Social 113, en el cual se alinea la política pública sobre la alimentación, y a su vez, busca garantizar la seguridad alimentaria, entendida como la capacidad de brindar oportuna y de manera permanente, alimentos con cantidad, calidad e inocuidad suficiente. A partir de este hito normativo, surgen tres instrumentos de gestión importantes: 1. Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), la cual coordina y evalúa a nivel nacional las estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación; 2. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), el cual establece metas específicas; y 3. Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia (OSAN), encargado de monitorear y estandarizar los datos a nivel nacional. No obstante, es importante resaltar que desde el año 2020 no se evidencia una continuación en los tres instrumentos de gestión enunciados, afectando la calidad de política pública sobre el tema.
A pesar de ello, es importante observar los indicadores. En primer lugar, en incidencia de la pobreza monetaria, indicador que mide el porcentaje de la población que no cuenta con los recursos necesarios para acceder a la canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios, la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE (2018) señala que en el país el 27% de los hogares están bajo la línea de pobreza, siendo más crítico en la ruralidad, alcanzando un 36%. Sin embargo, si nos fijamos en el avance que se ha tenido en la última década, para el 2010 el total de pobreza monetaria a nivel nacional alcanzaba el 37%, frente a un total de 50% para el sector rural (centros poblados y rural disperso), lo cual evidencia una disminución de 10 puntos porcentuales.
Sobre los indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, el 54% de los hogares en Colombia padecen de inseguridad alimentaria (ENSIN, 2015). En otras palabras, más de la mitad de los habitantes del país no tienen garantizado el acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades biológicas. En este aspecto, hay que destacar que la población más vulnerable nuevamente son los habitantes de las zonas rurales, los cuales presentan un 67% de inseguridad alimentaria, seguido por los hogares conformados por mujeres cabeza de familia, que alcanzan un 57% de inseguridad alimentaria, reflejando una problemática de género adicional.
En el caso del Tolima, la incidencia de pobreza monetaria es del 31% de los hogares. En términos comparativos, si bien el departamento está lejos de los más pobres del país como el Chocó y La Guajira que presentan niveles del 61% y el 53% respectivamente, este se encuentra 4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Con respecto a la seguridad alimentaria y al derecho a la alimentación, el Tolima presenta un 42% de individuos con acceso suficiente a alimentos frente a un 58% de individuos en inseguridad alimentaria, de los cuales el 31% son de un nivel leve, 19% moderado y 8% severo. En términos comparativos, el departamento se encuentra 3 puntos porcentuales por encima de la media nacional de inseguridad alimentaria (ENSIN, 2015).
A manera de conclusión, si bien existe un avance en la superación de la pobreza monetaria y en la reducción del hambre, se continúa con un problema grave: una situación estructural de subalimentación, que afecta mayoritariamente a las mujeres y a los pobladores rurales, a pesar de que el país es autosuficiente en materia de producción de alimentos. Es por ello por lo que como sociedad debemos profundizar las acciones para garantizar el derecho a la alimentación, considerando como prioridad a los habitantes de las zonas rurales y a los hogares compuestos por mujeres cabeza de hogar. Así mismo, el departamento del Tolima debe generar una mayor inclusión económica, creando redes de apoyo alimentario y políticas efectivas de desarrollo rural. Lo anterior, entendiendo que, en estos momentos de globalización y tecnificación, es inaceptable que casi la mitad de los hogares del departamento, y del país en general, no gocen del derecho fundamental a la alimentación de calidad. Está en nuestras manos cambiar el rumbo a un desarrollo con enfoque integral y lograr aprovechar nuestro potencial agrícola en pro de la alimentación.
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