La legalización de “la hierba maldita”

Manuel José Álvarez Didyme

Ya casi se pierde entre las brumas del tiempo el combate que ha librado Colombia contra la marihuana, también llamada “la hierba maldita”, desde que se inició su cultivo en las estribaciones de la Sierra Nevada, y su comercialización hacia el mercado de los Estados Unidos, bajo el “acreditado” nombre de “Santa Marta Golden”.
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Son muchas las personas nativas de aquella y otras regiones, que fueron y aún siguen siendo, señalados negativamente y perseguidos como delincuentes por ejercer tales actividades. Además de las cuantiosas fortunas que se amasaron y siguen acopiándose por la marihuana, que corrompen las costumbres, permean y alteran el funcionamiento de la economía del país.

Lo cual hace que la lucha contra “el flagelo” siga y se mantenga impertérrita capitaneada por la DEA, pero siempre en terrenos de la producción y la oferta, sin que jamás nada se diga sobre el lado oscuro de la demanda o del consumo, puesto que ello involucra, como primeros en ese campo a los norteamericanos y a casi todos los países de la comunidad europea.

En desarrollo de tan irregular batalla se han contaminado con defoliantes químicos -muchos de ellos altamente tóxicos-, miles de hectáreas de nuestros campos, ríos y zonas forestales, influyendo negativamente en los notorios cambios y severas alteraciones ambientales que se vienen presentando. Se ha encarcelado y hasta dado de baja a numerosos campesinos que recién iniciaban el cultivo o que permanecían en él a falta de otra fuente de ingreso lo suficientemente lucrativa que garantizara su sustento y el de sus familias.

Y es que los planes de cultivos alternativos o sustitutivos desvelaron esta tremenda realidad para el pequeño agricultor: la pobreza y la falta de recursos técnicos y financieros, torna en improductiva cualquier labor de reemplazo, en términos de generación de beneficios económicos.

Los grupos guerrilleros, los paramilitares y la delincuencia común encontraron en la marihuana al igual que en la cocaína, fuentes eficientes de abastecimiento y sustento, pues los recursos que estas generan les alimentan su capacidad de violencia y terrorismo, acicateando además otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y el contrabando.

Todo ello para llegar a donde inexorablemente se tenía que llegar: a la legalización de su cultivo bajo la invocación de su “valor farmacológico tradicional” incluyendo en él su utilización “recreativa” para el combate del estrés, al punto que recientemente, durante una audiencia para la regulación del uso del cannabis, en la Cámara de Representantes, la congresista del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, conocida al interior de ese grupo político con el alias de “Susana Boreal”, luego de confesarse como consumidora habitual, intervino respaldando la idea de legalizarla, añadiendo que hay que “desestigmatizar su uso”, dado que “las regulaciones en Colombia están más atrasadas que las realidades que vive la sociedad”, calificando la circunstancia como análoga la que antaño se presentó con el alcohol, pero destacando que la diferencia radica en que “los muertos y los perversos efectos socioeconómicos de esta industria los estamos padeciendo, aquí y ahora”.

 

MANUEL JOSÉ ÁLVAREZ DIDYME-DÔME

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