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El destacado filósofo Rousseau, sostenía que cuando buscaba las normas de la conducta en la vida, las encontró “en lo más recóndito de su corazón”; lo que siento que es bueno, es bueno; lo que siento que es malo, es malo; se quería demostrar con ello, que solo los sentimientos del ser, están autorizados para determinar el verdadero sentido de nuestros actos. Es verdad que nuestros sentimientos aportan sentido a nuestra vida privada, pero también actúan igualmente, en todo el devenir de los procesos, que orientan la vida de las comunidades a nivel social y político; de ahí que existan regulación en los sistemas de gobierno. La constitución de 1991 determina a Colombia, como un Estado Social de Derecho; lo cual, se contrapone a cualquier forma de estado absoluto o totalitario; dando vida a una sociedad de iguales “Si una sociedad se compone de iguales, los intereses de todos son los mismos… la minoría puede reconocer en la voluntad de la mayoría su propia voluntad, por encima de las divergencias de opinión” Rousseau. Colombia posee en su constitución los principios fundamentales de un estado de igualdad, el cual debe cumplir con un mínimo existencial, como gestor de servicios, prestaciones y asistencias, destinadas a asegurar las condiciones fundamentales de la población. Igualmente como Estado Social, debe garantizar estándares mínimos, de salario, salud, vivienda, asegurados para todos los ciudadanos, especialmente para la población vulnerable; es un derecho para ellos, y no simplemente como bondad y generosidad del gobernante.
La grave crisis que hoy afronta Colombia deja al descubierto el avance de la “Deshumanización Progresiva”, que está haciendo carrera en el actuar institucional, en los ámbitos social y político. La luz que empieza a iluminar este oscurantismo, es el resurgir de la “autoconciencia” de muchos especialmente de los jóvenes (futuro) que se están apropiando del concepto real de “Soberanía”, poder que reside exclusivamente en el pueblo, del cual, emana el poder público, y por consiguiente les corresponde al pueblo exigir al gobierno el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Hoy haciendo uso de este derecho, el pueblo con las marchas, alza su voz, desde diversos ángulos, que permiten actuar con una clara conciencia, sobre las múltiples “esperanzas aplazadas” que han dejado los sucesivos gobiernos, que fueron ajenos a los intereses y mandatos de quienes estamos viviendo, bajo un mandato constitucional como es el ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
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