La Conferencia Episcopal de Colombia acaba de pronunciarse sobre la última aberrante decisión de la Corte Constitucional, que despenaliza el SMA (Suicidio Médicamente Asistido). Nuestros Pastores expresan su profundo dolor ante esta nueva monstruosidad de esa institución nefasta; y lo hacen “en armonía con la perenne enseñanza de la Iglesia…y haciendo propios los sentimientos del pueblo creyente”.

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas…en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos…” (Constitución de la >República de Colombia, art. 2)

El Departamento de doctrina del Secretariado Permanente del Episcopado, publicó hace unos días una cartilla, que se anuncia como la primera de una serie, sobre el respeto al primero de los derechos fundamentales de toda persona: el derecho a la vida, como don de Dios del que sólo Él es dueño y contra el cual nadie puede atreverse a atentar. 

El pasado jueves, la Corte Constitucional, que como en tantas otras oportunidades se comprometía  en una tarea que no le corresponde, dejó en suspenso la decisión sobre la despenalización del infanticidio abortivo en Colombia. Ya conocemos que al aceptar el impedimento del magistrado Linares, votaron ocho magistrados; y que cuatro de ellos (Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas, José Fernando Reyes y Diana Fajardo) lo hicieron  a favor del aborto, y cuatro (Paola Meneses, Cristina Pardo, Gloria Ortiz y Jorge Enrique Ibáñez), en contra.  Y que, en consecuencia, dos conjueces escogidos por la misma Corte : (Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao) deberán ahora definir un asunto tan trascendental.

Señores integrantes del Congreso de la República: cuando los que formamos el “pueblo soberano”, en el que, según nuestra Carta, reside exclusivamente la soberanía, y del cual emana el poder (Art 2) los elegimos como nuestros representantes y les confiamos la potestad de establecer nuestras leyes, encomendamos a su inteligencia y a su sabiduría la tarea de tutelar nuestros derechos y de regular nuestros deberes ciudadanos. Debo suponer que son ustedes conscientes de la inmensa responsabilidad que gravita sobre cada uno y sobre todos en conjunto; y de que deberán, llegado el momento inexorable, dar cuenta no solo a la historia, a Colombia, sino también a Dios, fuente última y suprema de toda autoridad, de lo que hayan hecho o dejado de hacer. 

“Reglamentan, por fin, la eutanasia” : éste era uno de los titulares del noticiero de Caracol en días pasados. Con tal información, se daba a conocer que el Ministerio de Salud había dictado la Resolución N° 971, en la cual se establecen condiciones para que los médicos y las instituciones de salud practiquen legal y obligatoriamente el homicidio, poniendo fin a la vida de alguien que padece enfermedad grave y pide que se ponga fin a su sufrimiento.

Si el gobernalle no tiene sobre sí una mano firme, y si soplan vientos huracanados y se encrespa el oleaje, terminará el navío naufragando, o escollará volviéndose añicos. Solo el saber y el comprobar que quien lleva el mando no ha perdido la brújula y gobierna con mano firme y serena, brinda seguridad y mantiene la esperanza de llegar a buen puerto, pese a tempestades.

El pasado 30 de marzo, martes santo, el editorial de El Tiempo tenía este título: Cuidar a los niños. Giraba el comentario del periódico en torno al caso de la niña Sara Sofía Galván, que, con todos sus detalles escabrosos y la intrincada maraña de contradicciones y de detalles de escalofrío ha mantenido ya por semanas en vilo a la sociedad colombiana; y abogaba por que ese caso se convirtiera en el “símbolo que despierte conciencia sobre los atropellos que sufren los niños en nuestro país”. Casi al terminar, y tras haber ilustrado el tema con estadísticas aterradoras, el editorialista consignaba esta especie de compromiso : “…esta sociedad, las autoridades, los medios, claro está, tenemos la obligación moral, humana y constitucional de cuidar bien a los niños, de protegerlos de manos criminales”

“Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo a su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente” (Pío XII, discurso a la Unión médico-biológica San Lucas, nov. 12 de 1944)