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Ante esta situación, en el debate de control político que adelantamos esta semana desde la Comisión Quinta del Senado y que contó con la presencia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el director del Invías, Juan Esteban Gil; y la Agencia Nacional de Infraestructura, manifestamos nuestra preocupación y solicitamos que no se escatime en esfuerzos adicionales para el beneficio de nuestros campesinos, del sector rural y agropecuario.
El mal estado de las vías es un problema estructural, por eso no debemos desconocer el esfuerzo de este gobierno y la inversión destinada por más de $4.2 billones de pesos para que sean mejoradas, con una proyección de 65 mil empleos. Reconocemos el compromiso de querer avanzar en esta materia, no solo para alcanzar mayor presencia del Estado en las zonas apartadas del país sino también para mejorar la competitividad del sector agropecuario.
Aunque es mucho lo que se debe hacer, las cifras son alentadoras teniendo en cuenta los desafíos de nuestra geografía y el periodo de pandemia que atravesamos. En mejoramiento vial se registra un avance de 2.263 kilómetros, de una meta de 11.398 kilómetros. En mantenimiento van ejecutados 2.651 kilómetros de una meta de 15.027 kilómetros.
En este contexto, en Tolima se proyecta la intervención de 625 kilómetros, con incidencia en 34 de los 47 municipios. En Boyacá, por ejemplo, van 102 municipios con 1.201 kilómetros. Estas mejoras no tienen precedentes en la historia del país.
Además, el trabajo se viene adelantando mediante la integración y articulación de las entidades del Estado; sus fuentes de financiación parten del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, el Ocad Paz, Obras por Impuestos y aportes de los entes territoriales.
Con este panorama, el programa Colombia Rural no solo se viene consolidando, sino que le apuesta eficientemente a fortalecer los diferentes corredores productivos. Esto significa que zonas agrícolas puedan conectarse con los centros de consumo municipales y estos a su vez con los grandes complejos de abastecimiento.
No obstante, el fortalecimiento de la infraestructura vial tendría que estar rotulado con una agenda transversal de tipo regional que apunte a fortalecer los encadenamientos productivos y que genere nuevos espacios y oportunidades como por ejemplo el turismo ambiental y sostenible.
La tarea es titánica y solo puede consolidarse en el mediano y largo plazo, ya que para dinamizar la economía del campo es prioritaria la inversión pública en intervención y mantenimiento vial. Seguiremos trabajando en estos objetivos desde el Congreso de la República.
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