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Colombia ha vivido momentos verdaderamente complejos y aciagos en materia de seguridad y convivencia. La violencia de la década de los años 50, posteriormente la aparición de grupos subversivos, la consolidación de poderosos carteles del narcotráfico, el paramilitarismo, la cruenta toma de los municipios y ahora la reorganización de las disidencias criminales apoyadas desde el exterior.
Nunca ha sido fácil enfrentar a estas organizaciones del mal que se alimentan de la producción y exportación de la cocaína, que poseen una amplia capacidad de mutación, camuflaje y de renovación en el tiempo.
Sin embargo, los ciudadanos no podemos caer en la coacción armada e ideológica de estos fenómenos y grupos, los cuales han desencadenado una escalada contra la fuerza pública, comunidades, líderes sociales e incluso mandatarios locales. Su objetivo con tales ataques es hacer creer que la política de seguridad ha fracasado y que se requiere un proyecto político anti establecimiento para ‘cambiar’ el país.
La realidad es otra. El narcotráfico sigue alimentando estas organizaciones terroristas y lo seguirá haciendo, porque mientras haya cultivos ilícitos sus operaciones, hombres y capacidad de destrucción seguirá latente. Nadie abandona un negocio tan rentable como el narcotráfico por amor al país o a la paz, no podemos ser tan inocentes.
La amenaza real es que un giro en las elecciones de 180 grados podría potenciar estas organizaciones en contubernio con el régimen que se despliega en la frontera norte-oriente del país. El camino es seguir creyendo en nuestras Fuerzas Armadas con total decisión y apoyo irrestricto, además de apostar por propuestas políticas sensatas, ajustadas a la realidad y que garanticen una lucha frontal contra estos criminales.
Un revés en la lucha contra el narcotráfico, bajo la batuta de un nuevo gobierno complaciente y populista, podría dejar al país como un ‘paria’ en términos de geopolítica en occidente y lo que eso significa en materia económica no es otra cosa que afrontar fuertes presiones y finalmente sanciones internacionales, que sacrificarían el empleo y pondrían en aprietos el sector privado, la inversión extranjera directa, el crecimiento y la reactivación de la economía.
En este escenario, resulta importante que trabajemos desde el Congreso en buscar alternativas para consolidar la seguridad del territorio con base en discusiones técnicas, argumentadas y reales, sin sofismas ni engaños.
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