Pensemos en la agricultura bajo la lupa de la rentabilidad

Miguel Ángel Barreto

El presupuesto del sector agropecuario designado para 2022 resultó, como lo había advertido en el Congreso y en esta columna, insuficiente para las diferentes necesidades y coyunturas que deben afrontar los productores en las regiones.
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Aunque se intentó hacer un esfuerzo y luchamos desde la Comisión Quinta del Senado para obtener un ajuste, los recursos apenas alcanzaron los 1,7 billones de pesos. Reconociendo que hay inmensas dificultades en otros frentes y los recursos deben alcanzar para cubrir todo el funcionamiento y la inversión pública del Estado, me propongo en mi nuevo periodo como senador en presentar un proyecto de ley para que sea posible que las actividades agrícolas y pecuarias obtengan el 5% del PGN a partir de 2023. No podemos seguir tratando en términos económicos despectivos a los campesinos y sus actividades y todo lo que eso significa para la paz del campo colombiano y las economías de las regiones. Hoy, la coyuntura actual por la crisis mundial de las importaciones exige que se refuercen y protejan los cultivos para garantizar la seguridad alimentaria y el equilibrio de la oferta y la demanda en el territorio nacional.

Con mayores recursos nos podremos enfocar en consolidar una política agropecuaria que soporte permanente aspectos relacionados con seguros de cosecha y mejorar la oferta crediticia a cargo del Banco Agrario, en la ampliación de siembras que tengan demanda creciente, con mejores instrumentos tecnológicos para recolección, con redes de comercialización efectivas, además de la inversión en diversificación, innovación y competitividad. Los productos agropecuarios deben estar incorporados en el portafolio exportador de la Nación y para ello es importante financiar con universidades públicas y privadas y centros especializados los procesos de investigación que conduzcan a avanzar en el mejoramiento de la producción nacional y fortalecer las cadenas productivas. Es importante liberar los materiales genéticos que el Ciat sigue custodiando con tanto recelo y que podrían darle un enorme impulso a nuestros productores. También es significativo consolidar la adquisición de nuevas tecnologías y profundizar acuerdos de admisibilidad con países más avanzados en estos temas y que al tiempo resultan potenciales compradores de nuestros productos. Ampliar la frontera agrícola, siempre y cuando se consoliden mercados en el exterior, dependerá de una mejor participación, interés, oferta e interacción de los institutos del sector, como el ICA y Corpoica (Agrosavia), que por supuesto piden una reestructuración y reinversión para potenciar sus actividades y su relación con los productores. Con un mayor presupuesto y ajustado a las necesidades del sector, la apuesta es igualmente impactar la red terciaria de una manera más real y efectiva, dotar al campesino de información de mercados internos, externos y por supuesto ampliar su formación por medio de capacitaciones en negocios, técnicas de siembra, mejoramiento de productos y nuevas tecnologías, especialmente para las nuevas generaciones. El objetivo es hacer del campo colombiano un gran negocio, pero para ello, el compromiso tiene que ser total por parte del Congreso, el Gobierno nacional, los gremios agropecuarios y especialmente de los cultivadores que apenas sobreviven en los diversos territorios. Esto tendrá que constituirse en un propósito nacional, abordarse con un presupuesto robusto, sin dilaciones y consolidarse como política de Estado. No se trata de expropiar tierras para quitarles a unos y darles a otros como proponen candidatos populistas con ideas marxistas, por el contrario, una política agropecuaria debe centrarse en el equilibrio, la justicia social y especialmente en la seguridad jurídica y la rentabilidad.

Miguel Ángel Barreto.

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