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En el año 2021 las precipitaciones estuvieron presentes casi todos los meses, pero la intensidad registrada este 2022 ha sido inusual y se extendería hasta junio.
La fuerza del Fenómeno de la Niña muestra que el denominado cambio climático es una realidad, lo que sumado a los problemas de deforestación, invasiones e inadecuadas explotaciones agrícolas están pasando una factura muy alta al país, especialmente al sector agropecuario.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), incluyó a Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero como los departamentos con mayores impactos negativos.
Hasta el 18 de abril se estima que los desastres arrojaban 28 seres humanos fallecidos, 45 heridos, 5.178 familias perjudicadas y 267 eventos relacionados con movimientos de masa. Las crecientes súbitas, inundaciones y la destrucción de la ya precaria red terciaria se están convirtiendo en el pan de cada día para comunidades enteras.
En el norte del Tolima municipios como Palocabildo, Casabianca, Villahermosa, Herveo, Santa Isabel, entre otros, no solo tienen destruidas carreteras, sino que el represamiento de productos tienen al borde de quebrar a miles de campesinos.
Me temo que es inevitable que los alimentos sigan aumentando su precio, ya que a los factores internacionales como la guerra en el este europeo, el alza del petróleo y la poca oferta de fertilizantes se suma este devastador periodo de lluvias en el país.
No obstante, como este ciclo climático es altamente impredecible, creo que tanto el Gobierno central como los regionales y locales deberían priorizar en aspectos como la prevención y atención de emergencias.
Se trata de fortalecer los cuerpos de bomberos, Defensa Civil, mantener la alerta y disposición hospitalaria, coordinar con la Fuerza Pública planes para garantizar la movilidad de personas aisladas o atrapadas, así como disponer de escenarios públicos para atender posibles emergencias por desplazamiento climático.
Los contratistas de las áreas relacionadas con infraestructura, esperamos, estén dispuestos a colaborar con maquinaria y personal. Más significativo aún es que como colombianos nos alistemos a estar prestos a la solidaridad, porque hay familias enteras que se están quedando en la calle. En el país se contabilizan parcialmente 107 viviendas destruidas y más de dos mil semidestruidas.
En el caso de los entes territoriales no es posible que las secretarías de Ambiente, Gestión del Riesgo y organismos de emergencia sigan siendo tratados como las ‘cenicientas’ de los presupuestos.
La actual crisis invernal supone otras coyunturas de mayores dimensiones a mediano plazo como son la destrucción de cultivos y los cambios de los regímenes de producción, para lo cual no estamos preparados, escenarios en los que el Ministerio de Agricultura y las corporaciones autónomas deberían tener unos estudios y evaluaciones más precisas.
En dos meses seguramente mejorará un poco el clima, por lo menos todos esperamos que así sea, ojalá que el jolgorio de junio y julio, con las consabidas fiestas tradicionales, no termine por embriagar la responsabilidad que tenemos de enfrentar como sociedad estas alteraciones en el clima, que en otros lugares del mundo se presentan con sequías e incendios.
Es hora que nos preparemos de verdad como país para lo que viene en términos climáticos y sus consecuencias en la economía, en el tejido productivo de los municipios y en la seguridad alimentaria.
La crisis climática hoy es una realidad y uno de los grandes desafíos para todos los colombianos.
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