Crisis climática, un desafío para los colombianos (II)

Miguel Ángel Barreto

Con preocupación la cifra de muertos por los eventos invernales sigue en peligroso ascenso. El balance actualizado dice que 34 compatriotas han fallecido entre marzo y abril, 45 resultaron heridos y 21.524 personas fueron afectadas por deslizamientos, inundaciones o desbordamientos de ríos.
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En el Tolima prácticamente el 60 por ciento de los municipios están en calamidad pública y el último fallecido se registró precisamente en Ibagué el pasado miércoles en una zona que comunica el Centro con el Combeima, caracterizada por tener varios asentamientos humanos en una zona de alto riesgo. 

La capacidad de atención de los gobiernos nacional, departamental y municipal está al tope. Sin embargo, las lluvias se extenderían hasta junio y el río Magdalena comenzó a desbordarse, poniendo en riesgo todas las comunidades que viven en sus riberas.

El panorama es complejo. Mi sugerencia para el Gobierno nacional es que se disponga de recursos especiales para solventar las emergencias y faculte a los municipios afectados de rubros específicos para atender sus comunidades, ya que muchos no tienen presupuesto para enfrentar estos eventos climáticos. 

Es hora de pensar en declarar una emergencia nacional por las lluvias y tomar decisiones presupuestales, en intervención vial y movilidad, cooperación de la Fuerza Pública, compra de maquinaria y dotación de tecnología para mitigar el riesgo y fortalecer los sistemas de alerta temprana, especialmente en los municipios más vulnerables y apartados. 

La gravedad de lo que ocurre da cuenta de otros hechos que deben corregirse. Por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente junto con las corporaciones ambientales deberían tener un papel más preponderante, no sólo en la defensa de los diferentes ecosistemas, sino en el seguimiento y sanciones de exploraciones o explotaciones irregulares de las cuencas hidrográficas, parques naturales, acuíferos, páramos y cordilleras. Sobre estos lugares no pueden existir licencias mineras o concesiones direccionadas y/o amañadas. 

También urge una revisión detallada de los Planes de Ordenamiento Territorial en los municipios y sus sectores rurales (POT, Pbot y EOT). Se siguen otorgando permisos de construcción en zonas de mediano y alto riesgo y entregando licencias de construcción donde el agua es limitada y los recursos naturales vulnerables, lo cual altera cualquier ecosistema y pone en riesgo el suministro de poblaciones legal e históricamente asentadas. 

No obstante, los entes territoriales están en mora de diseñar e implementar planes de reubicación en zonas en las que los pobladores exponen sus vidas, para lo cual se debe contar con los recursos del Estado a través de proyectos consolidados y con apoyo de los presupuestos locales contemplados y comprometidos desde los planes de desarrollo. 

Igualmente, los proyectos ejecutados relacionados con mitigación del riesgo como son puentes y muros de contención requieren una vigilancia especial por parte de los organismos de control e incluso de la Fiscalía para que no sigan siendo saqueados por contratistas corruptos.

Otro tema es detener la masacre ambiental que vive el país, ya que se estima que 500 hectáreas de bosque son deforestadas cada día, lo que al año se traduce en 170 mil hectáreas destruidas. No cabe duda que hace falta una mayor articulación entre autoridades administrativas y de la Fuerza Pública para detener el ecocidio que enfrenta el medio ambiente. 

Por la gravedad de la actual coyuntura invernal, en el nuevo período legislativo y presidencial que arranca en el segundo semestre de este año se hace urgente redefinir y hacer cumplir las normas y leyes ambientales. 

La crisis climática debe ser considerada  una prioridad para todo el aparato estatal.  




 

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Miguel Ángel Barreto Castillo

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