además, reconoce la importancia de esta población dentro de la sociedad y le ha otorgado diferentes beneficios orientados a permitirles un desarrollo humano integral, de manera que se prepare positivamente a quienes serán el futuro de nuestro país.

Al respecto, me permito señalar que a pesar que nuestros legisladores hayan hecho ingentes esfuerzos para lograr este propósito, la realidad demuestra que se ha avanzado mucho en el papel, pero que los resultados reales en materia de empoderamiento social y económico de los jóvenes no van por muy buen camino, y que cada día los problemas para esta población son mayores y mas difíciles de manejar.

En primer lugar, en términos de empleo la población juvenil sigue siendo la más afectada; la falta de experiencia o la inestabilidad laboral, son entre otras, las excusas más usadas para la no vinculación de jóvenes al mercado laboral; la ley de “formalización y generación de empleo”, comúnmente llamada ley del primer empleo, terminó siendo un saludo a la bandera porque aunque contiene beneficios concretos para las empresas que se decidan a vincular jóvenes en sus nóminas, esta presenta grandes falencias, ya que ni ha sido masivamente socializada, ni sustenta un sistema de seguimiento eficaz que permita monitorear su efectiva implementación, y ni siquiera tiene un doliente en la estructura estatal que se encargue de liderar los procesos de promoción del empleo y emprendimiento juvenil.

Por otra parte, un aterrador flagelo amenaza con arrastrar al abismo a muchos de quienes serán el futuro de nuestro país; el consumo de sustancias psicoactivas, cada día toma más fuerza en territorios urbanos y rurales, y tiene escandalizados a ciudadanos del común, gobernantes e instituciones, que ven como las estadísticas tienden al crecimiento y los efectos colaterales como el embarazo en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, suicidios, problemas de salud mental, perturbación de la convivencia entre otros, se sienten con mayor rigor, poniendo contra las cuerdas la eficacia de las políticas públicas dirigidas hacia la juventud.

En otro plano, la escasa presencia juvenil en los espacios de participación que brinda la ley, hace que los diferentes procesos de desarrollo poco o nada incluyan el verdadero sentir de esta población y que no respondan a la realidad que viven; consejos de juventud, consejos territoriales de planeación, consejos de política social y cargos de elección popular, son espacios en los cuales convendría palpar el ímpetu y beligerancia propia de la juventud contemporánea, sin embargo, actualmente cuentan con una representación mínima de jóvenes y en muchos casos cuando existe es bajamente cualificada.

En conclusión, estas son apenas algunas de las tantas dificultades por las que tienen que pasar los jóvenes de nuestro país en su intento por lograr una transición exitosa hacia la adultez; no obstante, la responsabilidad recae sobre dos actores fundamentales, la familia como entorno afectivo y núcleo de la sociedad, y en igual medida el estado; este último, deberá reaccionar oportunamente ante esta realidad y pasar de la demagogia a hechos concretos; jerarquizando las instituciones que beneficien la población juvenil, fortaleciéndolas con importantes presupuestos y diseñando e implementando políticas públicas de alto impacto, de manera que se garanticen los derechos y oportunidades para todos los jóvenes de nuestro país.