en el marco de las protestas que han derivado en hechos de violencia, Ibagué fue sacudida por la muerte del joven Santiago Murillo, de 19 años, a manos de un policía, durante las manifestaciones del sábado pasado. Las terribles imágenes tanto del momento del asesinato como la voz de la adolorida madre se replican sin cesar por las redes sociales.
Las movilizaciones que comenzaron el pasado miércoles en todo el país han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunos lugares han terminado con actos vandálicos y de pillaje, y se han convertido en batallas campales entre la policía y los manifestantes, con acusaciones mutuas acerca de quienes comenzaron las agresiones.
El saldo hasta ahora no puede ser más trágico para la nación, a la muerte de Santiago Murillo se suman las de otros 17 civiles y un policía, y las lesiones ocasionadas a 846 personas, de las cuales 306 son civiles. Nos duelen todas las muertes y las agresiones contra unos y otros. Las familias de los uniformados y de los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes, sufren cada día porque no saben si en estos días sus hijos caerán en estos enfrentamientos.
La destrucción y las acciones de los vándalos que han arremetido contra supermercados, bancos y monumentos llenan de terror a los ciudadanos, mientras que los excesos de la fuerza pública han causado preocupación, no solo en Colombia sino también entre organismos internacionales como la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch y la Oficina de Washington para América Latina (Wola). Las acciones de violencia son condenables vengan de donde provengan.
La protesta pacífica en Colombia es una garantía constitucional que está regulada por diversas normas y no está penalizada, pero sí los delitos que se puedan cometer dentro de estas, como el daño en bien ajeno, el incendio o los disparos. Con respecto a la intervención de la fuerza pública, el año pasado la Corte Suprema de Justicia ordenó reestructurar las directrices sobre el comportamiento de las autoridades en las manifestaciones, en razón a que se evidencia “intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” por parte de la fuerza pública; sin embargo, aún no se han definidos estos lineamientos sobre esta intervención, para que no se vulneren los derechos de la población civil.
Tanto la Policía como las autoridades locales y la Fiscalía, en el caso del asesinato de Santiago Murillo, están en la obligación de buscar que se aclaren los hechos y se condene a los responsables. Así mismo, es necesario, en el resto del país, que se esclarezcan los demás homicidios y que se sancionen los delitos que se cometan en el transcurso de las protestas.
No contribuyen en nada, y sí empeoran la situación, los mensajes de odio y de instigación a la violencia que circulan las redes sociales, muchos de ellos difundidos por líderes de los partidos políticos, con el claro interés de pescar en río revuelto y aumentar la ominosa polarización que nos tiene al borde del caos y de una nueva guerra entre hermanos.
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