Mientras la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, mediante un comunicado conjunto, hacían un llamado a los responsables de la protesta social para que se levanten los bloqueos que se han establecido en varias vías del país, que no solo han causado desabastecimiento en la ciudades, sino que han impedido la movilidad de vehículos médicos, o de aquellos que transportan suministros para abastecer los centros de salud que hoy enfrentan en algunas regiones, como Santander, la mayor velocidad de contagio de la pandemia, se conocía la triste noticia de la muerte de una niña recién nacida en una ambulancia a la que no le permitieron pasar en un bloqueo a la altura de La Delfina, en la vía Buenaventura - Cali, en la madrugada del domingo pasado.
El doloroso hecho marca, sin duda, la responsabilidad que tienen quienes en estos sitios de paralización del tráfico, terminan afectando directamente, como en el caso que comentamos, la vida de las personas. Ya no se trata solamente de la incomodidad que se le puede causar a los conductores de vehículos particulares, o a quienes intentan pasar a pié los bloqueos; tampoco es la grave afectación que se está sintiendo con fuerza en ciudades en las que comienza a experimentarse desabastecimiento de alimentos y combustibles; ya estamos hablando de la violación de principios internacionales en los que se establece la protección, sin cortapisa alguna, de las misiones médicas, en la que están incurriendo los manifestantes, al tiempo que reclaman tal cumplimiento de parte de las instituciones del Estado.
Una vez más reiteramos la necesidad de que se observe y se proteja el derecho constitucional a la protesta, pero esto no nos significa impedimento ni moral ni legal alguno, para exigir a quienes hacen legítimo uso de este derecho, que sean consecuentes y coherentes y que, con el mismo fundamento que piden respeto, lo ejerzan en favor de quienes no tienen por qué verse pisoteados por la protesta, o, como ocurrió en Buenaventura, mueran frente a la indolencia de quienes mantienen estos bloqueos de vías.
La protesta social debe abrir caminos democráticos de diálogo, entendimiento y, si se quiere, reivindicación a los reclamos populares, pero no debe hacerlo a costa de afectaciones al mismo pueblo que representa, mediante bloqueos y otras acciones que han significado muerte, desabastecimiento, desamparo frente al Covid-19, zozobra y condiciones para la violencia generalizada.
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