El tratamiento y disposición final de las basuras es un problema que no ha sido superado por parte de los entes territoriales. Basta recordar las dificultades que tuvo la creación del relleno sanitario La Miel, el reemplazo del relleno Combeima, que a lo largo de 12 años de existencia ocasionó múltiples inconvenientes sociales y ambientales en su entorno; este a su vez fue la solución al botadero a cielo abierto que existía en el margen de nuestra principal fuente de agua: el río Combeima.
Hace algunas semanas Bucaramanga fue noticia nacional, porque un juez ordenó el cierre de El Carrasco, relleno que también utilizan otros 15 municipios de Santander, decisión que se venía postergando desde hace más de una década. Ante la grave emergencia se declaró la calamidad pública y se continuó usando el relleno, pero no se ha encontrado la solución definitiva.
En el Tolima existen ocho lugares para la disposición de residuos sólidos, uno de ellos, en Ataco, un basurero a cierto abierto, con los problemas que ello acarrea; los otros tienen diversas complicaciones. Más de la mitad de los municipios arrojan sus basuras en lugares fuera del departamento; uno de esos es el relleno Praderas del Magdalena en Girardot, al que le quedan dos meses de vida útil, y si no se autoriza que se siga usando, 21 poblaciones tolimenses quedarían en serios aprietos.
La consecución de un lugar apto para la disposición de residuos sólidos no se logra de un día para otro, pues el predio debe reunir condiciones para impedir que se causen daños ambientales, no debe afectar asentamientos cercanos y se deben efectuar estudios técnicos y diseños que toman su tiempo. Un ejemplo de lo que no se debe hacer es el proyecto Santo Domingo en Armero - Guayabal, donde se construyó un relleno en el que se invirtieron más de dos mil millones de pesos y que no ha operado, porque pone en peligro las corrientes de agua, la fauna y la flora de la zona.
En este proyecto, el papel de Cortolima fue cuestionado por un fallo del Consejo de Estado que señala que la Corporación adjudicó la licencia sin contar con un estudio de impacto ambiental completo, tampoco había plan de reforestación ni proyecto de compensación. Adicionalmente, el Consejo de Estado pidió a la Contraloría y la Fiscalía que inicien las investigaciones que permitan la recuperación de los recursos públicos allí invertidos.
A pesar de los aprendizajes, de las experiencias y la actualización de la legislación, la disposición de los desperdicios es un permanente dolor de cabeza para las administraciones. En las actuales circunstancias, si los alcaldes, el gobernador y Cortolima no actúan con diligencia, en pocos meses gran parte de los municipios del Tolima estarán inundados de basuras.
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