El grave problema de la explotación sexual de menores en Ibagué

Esencialmente, se han de poner en marcha programas de prevención, en los que las familias, las comunidades y los maestros sean vinculados para prevenir y detectar estos casos.

Una muestra de la escasa atención que la sociedad les brinda a los menores se aprecia en la explotación sexual de la que son objeto. Esta es una violación de los derechos humanos de la niñez y es considerada un delito en Colombia. Aunque no existen cifras oficiales, las autoridades estiman que unos 35 mil niños y adolescentes en el país son víctimas de este flagelo.

En el informe especial publicado por este medio el pasado lunes, se muestran los lugares en los que a la vista de todos se presenta ese fenómeno en Ibagué: el parque de los Venados en El Salado, los barrios Jardín Santander, La Esmeralda y la Ciudadela Simón Bolívar, de la comuna 8; en barrios de las comunas 9, 12, y 13, y en el sector de la Variante. En esos sitios se pueden ver menores desde los 12 años que ejercen la prostitución. Lo más preocupante es que, en algunas zonas, esta actividad ilícita está controlada por proxenetas y grupos de delincuencia organizada.

Los niños más vulnerables para caer en la explotación sexual son los que residen en las zonas más pobres o lugares de prostitución; también aquellos en cuyos hogares hay padres delincuentes o consumidores de sustancias alucinógenas, o se trata de familias disfuncionales. Pero estos no son los únicos factores: en algunos grupos sociales se le da una importancia exagerada al dinero y a la posesión de bienes materiales, lo cual, sumado a lo anterior, los vuelve presa fácil de las redes de explotadores.

Pese a  que este fenómeno se ha venido denunciando desde hace más de quince años en Ibagué, la presencia de menores relacionados con prostitución en las calles no ha disminuido; por el contrario, va en aumento, y parece ser que las medidas adoptadas son insuficientes o no han cumplido el propósito de rescatar a las víctimas.

La erradicación de la explotación sexual de los menores no es solo trabajo de la Policía; es necesario involucrar a todos los actores sociales. Esencialmente, se han de poner en marcha programas de prevención, en los que las familias, las comunidades y los maestros sean  vinculados para prevenir y detectar estos casos; de igual forma, adelantar campañas de prevención y, lo más importante, combatir la deserción escolar y crear programas de uso adecuado del tiempo libre para los niños y adolescentes de las zonas más vulnerables. 

 

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