En las manos del presidente Iván Duque está en este momento la suerte de la eliminación de la conocida como Ley de Garantías que se expidió en 2005 como una forma de procurar que se diera igualdad de condiciones en los procesos electorales, mediante el establecimiento de procesos transparentes cuando se tratara del uso de los recursos públicos. Con ese fin, la entonces nueva ley estableció restricciones y prohibiciones a la contratación de las entidades públicas, con el claro propósito de que los fondos públicos no fueran dirigidos con intereses políticos proselitistas, lo que, necesariamente, desequilibra la relación de fuerzas entre los partidos de gobierno o afectos a él y los partidos en oposición.
Esta fue, entonces, la manera como se intentó, con buen resultado, detener la acción clientelista que lograba acopiar y manipular grandes cantidades de votantes que eran conminados a sufragar en un sentido específico a cambio de obtener prebendas oficiales de los gobiernos de turno, estableciendo así un sistema no sólo evidentemente antidemocrático, sino desde todo punto de vista inconveniente, pues terminaba convertido en un modelo para descargar las arcas del Estado y desbalancear las campañas políticas. En pocas palabras, la Ley de Garantías estableció un período en el que se congelan las nóminas y contrataciones por los cuatro meses previos a las elecciones, para que no fueran usadas unas y otras con fines clientelistas.
Pero esta semana el Congreso dio un golpe de gracia al sistema que venía operando y, por ahora, lo eliminó, dejando nuevamente expuesto el juego democrático a la distorsión que pueda derivarse del manejo de recursos públicos en tiempo de elecciones. Congresistas cercanos al gobierno que, seguramente, esperan retribución por su voto a favor de la eliminación de esta forma de garantías electorales, fueron quienes contribuyeron a este despropósito.
Pero, más allá del oportunismo de estos legisladores, tenemos también la encrucijada del presidente Duque quien, cuando era congresista en la oposición, en el gobierno de Juan Manuel Santos, criticó duramente, por clientelista e inconveniente, un proyecto que cursó en el mismo sentido. Hoy, el presidente tiene el poder de objetar, precisamente por razones de inconveniencia, el proyecto aprobado que llegó a sus manos para su sanción. Ojalá lo hiciera, para dejar en la historia un precedente valioso en pro de la transparencia de nuestro sistema electoral.
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